Cerca 259 millones de pesos en sanciones impuso la Registraduría a jurados que no presentaron el servicio en elecciones en Santander
Miércoles 11 de marzo de 2015 - Santander
La revisión de las resoluciones de sanción implica analizar cada caso particular a fin de ofrecer todas las garantías procesales y recaudar el valor de la sanción que fue impuesta.
Las multas pueden llegar hasta los 10 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes hasta $6.443.500. Es así como la Registraduría Nacional puede solicitar el embargo de una parte del salario que devenga el jurado entre otras medidas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil en Santander impuso un total de $258.720.000 en sanciones a los ciudadanos que no asistieron a prestar su servicio como jurados de votación en los certámenes electorales celebrados en este departamento durante 2014.
Las sanciones corresponden a las elecciones de Congreso de la República, Parlamento Andino, Presidente y Vicepresidente de la República.
La Coordinación de Cobros Coactivos sancionó un total de 301 procesos, de los cuales 119 corresponden a personas en la ciudad de Bucaramanga por un valor de $146.608.000 pesos. De ellos 76 sancionados por el certamen electoral del 9 de marzo de 2014 y 43 por los comicios de Presidente y Vicepresidente de la República.
En el municipio de Floridablanca, 105 ciudadanos fueron sancionados con $64.680.000 por no cumplir con el servicio como jurados de votación, de ellos 79 fueron penalizados por inasistencia durante las elecciones de Congreso de la República y 26 más por no acudir al servicio en los comicios de Presidente y Vicepresidente de la República, mientras que en Piedecuesta fueron sancionados 77 jurados por inasistencia.
La Registraduría Nacional del Estado Civil conoce únicamente de las sanciones a los ciudadanos particulares que no prestaron su servicio como jurados, ya que los servidores públicos que no asistieron a cumplir su función como jurados el día de la elección, son sujetos a proceso disciplinario en su respectiva entidad y pueden ser sancionados hasta con la destitución de su cargo.
La revisión de las resoluciones de sanción implica analizar cada caso particular a fin de ofrecer todas las garantías procesales y recaudar el valor de la sanción que fue impuesta por los registradores distritales, especiales y municipales, facultados para imponer las respectivas multas a los ciudadanos que no prestaron su servicio de jurados sin justa causa.
Si los jurados sancionados desatienden el cobro persuasivo, la Coordinación de Cobros Coactivos de la Registraduría impone hasta medidas cautelares, como el embargo o el secuestro de bienes, a fin de lograr el efectivo recaudo de las multas, que pueden llegar hasta a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes hoy a $6.443.500. Es así como la Registraduría Nacional puede solicitar el embargo de una parte del salario que devenga el jurado, o el secuestro de su carro, entre otras medidas.
Las Delegaciones Departamentales deben hacer cumplir lo establecido en la Resolución No. 5510 de 2012 de la Registraduría Nacional, facultando a los Registradores Distritales, Especiales y Municipales a fin de ofrecer todas las garantías procesales y recaudar el valor de la sanción que fue impuesta a los ciudadanos que no prestaron su servicio.
Según el Artículo 105 del Código Electoral "el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación". El incumplimiento de las obligaciones le puede acarrear a los ciudadanos designados, sanciones de hasta 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos tanto a los servidores del Estado como a los particulares que al ser jurados asumen funciones públicas transitorias.
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Más información de la Delegación Departamental de Santander en:
http://www.registraduria.gov.co/-Santander-.html
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