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Reforma política y Elecciones de Autoridades Locales

Elecciones Autoridades Locales 2011




Por. Carlos Ariel Sánchez Torres
Registrador Nacional del Estado Civil

En lo que atañe particularmente con las elecciones de autoridades locales a celebrarse el próximo 30 de octubre, la denominada reforma política cuyo examen de constitucionalidad ya fue decidido por la Corte Constitucional, sin conocerse aun el texto definitivo de la sentencia, contiene temas cruciales para la ejecución del proceso electoral.

El estado de transición que se presentará entre la normatividad vigente y la contenida en la respectiva ley estatutaria que entrará a regir una vez sea sancionada por el Gobierno nacional, impone la realización de un análisis para la toma de decisiones tendientes a determinar la aplicabilidad de los nuevos preceptos en el proceso electoral que se viene adelantando bajo los contenidos de la normatividad actual.

A continuación nos referiremos a los tópicos de mayor trascendencia que para la jornada electoral trae la reforma política.

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS.

El artículo 28 de la reforma desarrolla el derecho de postulación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con la precisión de que a ellos les corresponde verificar previamente el cumplimiento de las calidades y requisitos establecidos en la ley para los candidatos de elección popular y de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Un primer reparo encontró la Corte Constitucional a la anterior preceptiva, pues solo se exigió a las agrupaciones políticas con personería jurídica reconocida el deber de verificación de los requisitos positivos de elegibilidad y negativos para acceder a la función pública. Para la Corte se debe entender que esa tarea de constatación es una responsabilidad que reposa no solo en cabeza de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica sino también se extiende en las demás agrupaciones a las que la Constitución les reconoce el derecho de postulación, llámense partidos, movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos.

En este orden de ideas, se impone destacar un gran avance de la reforma pues compromete a los actores políticos que postulan candidatos a asumir con responsabilidad el ejercicio de este derecho, pues se cuenta con el filtro de la verificación previa y de esa forma evitar posteriores desgastes, demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa y especialmente evitar en el elector una especie de insatisfacción y desconfianza en el sistema electoral.

De otra parte la reforma prevé que las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a la consulta, exceptuando su resultado, deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros. Cabe destacar que conforme al régimen vigente están corriendo los términos de inscripción de candidatos y bien puede suceder que se inscriban listas sin conformarse con el mínimo exigido en la nueva ley que aun no está rigiendo.

El referido artículo 28 consagra un procedimiento de inscripción de candidatos referido a los grupos significativos de ciudadanos, cuyo comité debe registrarse ante la autoridad electoral cuando menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y en todo caso antes del inicio de la correspondiente recolección de firmas.

La Corte condiciono el anterior procedimiento en el entendido de que el mismo no solo se aplica a los grupos significativos de ciudadanos sino que es aplicable a los partidos, movimientos políticos y grupos sociales con derecho de postulación, que no tengan personería jurídica reconocida, puesto que la Constitución Política también le concedió a estos últimos el derecho de postulación.

Cabe destacar que frente al tránsito de legislación se encuentra una situación que bien puede presentarse frente a la exigencia de registrar, un mes antes del cierre de inscripción, el respectivo comité del grupo o movimiento ciudadano que postule candidatos a través de firmas. En efecto, la legislación actual no exige dicho registro, por tanto, las inscripciones que se realicen bajo su vigencia y cumplan con los requisitos legales, tendrán validez. ¿Pero que sucede, cuando entre en vigencia la nueva ley y haya expirado el término de un mes que se tiene para registrar el mencionado comité? Al respecto consideramos que si ya se encuentra vencido el mes, y los postulantes ya iniciaron el trámite de recolección de firmas, seria procedente aceptarles la inscripción siempre y cuando se cumpla con los requisitos sustanciales del caso, es decir, numero de firmas válidas y póliza de seriedad de la candidatura, pues el ejerció del derecho fundamental de participar en la conformación del poder político no puede estar supeditado a un tránsito de legislación que materialmente no se pueda aplicar, en este caso, porque los términos o plazos ya vencieron o están corriendo.

La reforma también prevé la posibilidad a las colectividades políticas y a comités independientes de promover el voto en blanco, para lo cual deben inscribirse ante la autoridad electoral competente para recibir la inscripción de candidatos. Para el ejercicio de esta actividad a los promotores se les reconocen los derechos y garantías establecidas para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos, conforme al monto que previamente fije el Consejo Nacional Electoral.

Si bien es cierto que la disposición al involucrar la promoción del voto en blanco efectúa un reconocimiento a la libertad de expresión y de disenso, lo cierto es que dada la posibilidad de un financiamiento a través de la reposición de gastos, se pueda presentar una proliferación de promotores inspirados más por este reconocimiento que por verdaderas convicciones.

CANDIDATOS DE COALICIÓN

El artículo 29 de la reforma política desarrolla el artículo 107 de la Constitución en cuanto al derecho de postulación de candidatos únicos a cargos uninominales por parte de coaliciones entre partidos y movimientos políticos con personería jurídica entre sí ­­ y­­­/o grupos significativos de ciudadanos.

La norma establece que el candidato de coalición será el candidato único de los postulantes integrantes de la coalición y de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición. En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato.

Para efectos de la inscripción en el respectivo formulario de se debe indicar los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos.

La norma exige a los integrantes de la coalición determinar previamente las reglas de juego que regirá el respectivo acuerdo. En efecto, antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber determinado los siguientes aspectos; mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato, el programa que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, así como los sistemas de publicidad y auditoría interna. Igualmente deberán determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar al elegido.

El acuerdo tiene carácter vinculante y por lo tanto los suscriptores del mismo no podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición, so pena de incurrir en causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición.

Igualmente, la norma prevé el procedimiento para la designación en caso de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes. El Presidente de la República o el gobernador, según el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato. Los designados en tales casos no podrán estar incursos en cualquiera de las inhabilidades a que se refieren los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 30 y 1, 4 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

El proyecto consagro en el inciso final que ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política.

Sobre el particular, se conoce que la Corte Constitucional condiciono su exequibilidad bajo el entendido que el régimen de inhabilidades para los servidores públicos de elección popular referido en el inciso final del parágrafo 3º, no será superior al establecido para los congresistas en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política. Esta inhabilidad hace referencia a que no podrán ser congresistas quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

PERIODOS DE INSCRIPCIÓN.

La reforma establece fecha de inicio y de finalización del periodo de inscripción de candidatos, en el sentido que durará un mes y se iniciará cuatro meses antes de la fecha de la correspondiente votación. En otras palabras, el periodo de inscripción de candidatos ya inicio y finalizaría el próximo 1 de agosto.

En el régimen actual, según el calendario electoral el periodo de inscripción finaliza 55 días antes de la elección. Es decir, vence el 10 de agosto de 2011 y las respectivas modificaciones el 18 de agosto.

Frente al tránsito de legislación se tiene que las inscripciones realizadas bajo la vigencia de la normatividad vigente, cobran plena validez en el entendido que se hayan efectuado conforme a los requisitos y formalidades establecidos. En el evento de entrada en vigencia de la ley de reforma política es necesario realizar una interpretación de los efectos de la ley en el tiempo y de esa forma tomar las decisiones a que haya lugar, teniendo como premisa el respeto a los derechos políticos fundamentales, pues como se anotó con la nueva ley el proceso de inscripción de candidatos finaliza 9 días antes que el establecido en la norma vigente.
Así mismo, el artículo 30 regula diferentes periodos de inscripción dependiendo del caso de que se trate.

En efecto, en los casos en que los candidatos a la Presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta.

Cuando se trate de nueva elección o de elección complementaria para el resto del periodo de cargos y corporaciones de elección popular, el periodo de inscripción durará quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones.

La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora.

En los casos de nueva elección o de elección complementaria, la respectiva votación se hará cuarenta (40) días calendario después de la fecha de cierre de la inscripción de candidatos. Si la fecha de esta votación no correspondiere a día domingo, la misma se realizará el domingo inmediatamente siguiente.

Cabe destacar, que según lo que se conoce del fallo de revisión de la Corte Constitucional, se declaró inexequible el inciso que regulaba la mayoría requerida para que el voto en blanco tenga poder invalidante de la elección.

MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES.

En forma perentoria establece el artículo 31 de la reforma política que en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, solo podrá modificarse la inscripción de candidatos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las inscripciones.

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad física permanente podrán inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días antes de la votación. Si la fecha de la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que se utilice para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán a favor del inscrito en su reemplazo.

La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la candidatura deberá presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores, ante el funcionario electoral correspondiente.

ACEPTACIÓN O RECHAZO DE INSCRIPCIONES.

La reforma prevé el deber al funcionario electoral ante el cual se realiza la inscripción de verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptar la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente.

En sentido contrario, se rechazará la solicitud, mediante acto motivado, contra el cual procede recurso de apelación, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe.

En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente como una modificación de la primera.

DIVULGACIÓN DE INSCRIPCIONES.

El artículo 33 de la reforma con el buen sentido de hacer efectivas las garantías vinculadas al principio de democracia participativa, desarrolla el principio de publicidad y el de transparencia, en el sentido de ordenar a la autoridad electoral (Registraduria Nacional y Consejo Electoral) publicar en lugar visible de sus dependencias y en las respectivas paginas en internet, la relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular cuyas inscripciones fueron aceptadas.

La publicación debe efectuarse dentro de los dos (2) días calendario siguientes al vencimiento del término para la modificación de la inscripción de listas y candidatos. Así mismo, ordena la norma la remisión de la referida relación a los organismos competentes, en particular a la Procuraduría General de la Nación, para que certifiquen acerca de la posible existencia de candidatos incursos en inhabilidades. En esta forma se da viabilidad a la facultad constitucional otorgada al Consejo Nacional Electoral, para revocar inscripciones de candidatos incursos en causales de inhabilidad.

DEL ESCRUTINIO EL DÍA DE LA VOTACIÓN

El artículo 41 de la reforma establece las reglas y condiciones para que se lleve a cabo el escrutinio de competencia de las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares.

En cuanto a la logística, la norma señala que la Registraduria determinará el local donde se llevará a cabo las audiencias de escrutinios.

Respecto al tiempo, el escrutinio debe iniciar el mismo día de la votación, a partir del momento del cierre del proceso de votación, y debe desarrollarse hasta las doce de la noche del mismo día, con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros respectivos.

En el evento de que no sea posible terminar el escrutinio antes de la hora señalada, la respectiva audiencia continuará a las nueve (9) de la mañana del día siguiente hasta las nueve (9) de la noche y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio.

Cabe destacar, que la disposición exige al concluir el escrutinio de mesa la utilización de instrumentos tecnológicos, al ordenar a las personas autorizadas por la Registraduria escanear las actas y publicarlas de manera inmediata en la página web; como también establece la entrega de dichas actas a los testigos electorales.

No sobra precisar, que dada la ubicación de mesas de votación en lugares bastante apartados de las respectivas cabeceras municipales, la dificultad de realizar el respectivo escaneo de las actas de escrutinio. No obstante lo anterior, la Registraduria procederá con la mayor diligencia y celeridad a efectuar todas las actividades tendientes a suministrar la información a la ciudadanía y a los organismos de control.

Si bien es cierto que no se desconoce el avance de iniciar el escrutinio el mismo día de las votaciones, todo ello en aras de optimizar el principio de transparencia, de evitar los fraudes y dar mayor seguridad, lo que no se puede desconocer es la necesidad de contar con los debidos recursos adicionales que exige el escrutinio inmediato.

Precisamente si se va a efectuar el escrutinio inmediato, debe haber un movimiento muy rápido de información. El efecto del escaneo de las actas de escrutinio es el de lograr el conocimiento expedito de los resultados. En la medida que se obtengan más rápido los resultados del preconteo, los escrutinios se realizarán con mayor tranquilidad y eficiencia. Acelerar el conocimiento de la información comporta la adición de recursos que en varias oportunidades hemos demandado del Gobierno Nacional.

Se impone recalcar, que cuando la Registraduria presentó el presupuesto para la presente vigencia, se previeron los aspectos de la reforma política. En el presupuesto se incluyeron el voto electrónico, la biometría y demás costos inherentes al proceso electoral.

En este orden de ideas, resulta claro la necesidad de contar con los recursos suficientes, pues aunado a lo anterior se impone poner de presente la necesidad de contratar un elevado número de personas que actuaran como registradores ad-hoc que coadyuvarán ciertas funciones de los titulares, a fin de que estos puedan dedicarse a ejecutar sus funciones de claveros y secretarios de las comisiones escrutadoras.

De igual manera, la entrega a los testigos electorales, en medio físicos o magnéticos, de copias de las actas parciales de escrutinio comporta la implementación de una logística que implica contar con los recursos económicos suficientes.

INSCRIPCIÓN PARA VOTAR.

El artículo 49 del proyecto de ley estatutaria, instituye un registro automático de votantes para efectos de las votaciones, ya que las cedulas de ciudadanía que se expidan por primera vez ingresan a conformar el censo electoral y quedan inscritas de manera automática en el registro electoral para la materialización del ejercicio del derecho al voto, de suerte que una vez expedida no se requiere de una nueva inscripción del documento de identidad para participar en el respectivo certamen electoral.

Adicionalmente, el mencionado artículo 49 prevé un periodo de inscripción de cedulas aplicable para el evento de cambio de domicilio o residencia por parte del ciudadano, el cual se surte dentro del año anterior a la elección y se extiende hasta los dos meses anteriores de la respectiva jornada electoral.

Es necesario precisar que ese termino de ampliación del periodo de inscripción de electores lo contemplo la reforma en armonía con la norma que resulto declarada inexequible, la cual pretendía conformar el censo electoral con las cedulas de los ciudadanos que hayan sufragado en las últimas elecciones, pues al pretender depurar el censo en esa forma se imponía necesariamente ampliar el respectivo periodo de inscripción.

Este panorama de extensión del periodo de inscripción de cedulas hasta dos meses antes del cierre de elecciones frente a un cerrado periodo de inscripciones conforme al régimen vigente, en principio llamaría a la posibilidad de abrir un nuevo periodo, lo cual, además de la implicación elevada de recursos económicos, conlleva una verdadera inconveniencia. En efecto, en estos momentos se encuentra en trámite los procesos de trashumancia electoral y de depuración del censo electoral, todo ello con un término razonable de tiempo. Así mismo, los ciudadanos contaron con un periodo para inscribir su cedula de ciudadanía, respetándose su derecho político a elegir. Entonces, si se abre un nuevo periodo de inscripción con el agravante de nuevas denuncias por trasteo de electores, posiblemente el censo electoral no estaría lo suficientemente depurado por falta de tiempo para el efecto.

La anterior observación nos conduce a analizar la conveniencia de aplicar la nueva norma para elecciones posteriores a las del presente año, haciendo uso de las facultades constitucionales y legales de la Registraduria, que conforme al comunicado de prensa de la Corte Constitucional respecto de la sentencia, permiten “determinar las reglas particulares de transición, destinadas a regular la aplicabilidad del precepto estatutario en esta jornada electoral o en aquellas subsiguientes en donde el termino señalado pueda cumplirse en su totalidad.”


Boletín informativo Registraduría Nacional del Estado Civil

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