Avanza la actualización parcial del Archivo Nacional de Identificación

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó el pasado 8 de julio a la “Unión Temporal Censo 2009”, conformada por Manejo Técnico de Información S.A- MTI, Thomas Greg & Sons Limited, y Assenda S.A, del grupo Carvajal, un contrato por $10.195 millones mediante el cual se actualizará parcialmente la base de datos de ciudadanos fallecidos desde el 19 de junio de 1938 hasta el 31 de mayo de 2009.

 

El contrato prevé la actualización del Archivo Nacional de Identificación (ANI) a partir de las bases de datos de ciudadanos fallecidos, registrados en las Notarías, Registradurías Auxiliares, Municipales y Especiales de 23 capitales de departamento del país, al igual que de los Registros Civiles de Defunción existentes en el Servicio Nacional de Inscripción de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 

El término de ejecución del contrato es de cuatro meses, que iniciaron a partir del 16 julio y las ciudades en las que se está adelantando el proceso de revisión y actualización documental son Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Montería, Valledupar, Santa Marta, Sincelejo, Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, Neiva, Ibagué, Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Popayán, Pasto, Florencia, Medellín y Quibdó.

 

Desde el año anterior la Registraduría Nacional del Estado Civil le solicitó al Gobierno Nacional $50.000 millones para digitalizar los registros civiles de defunción que reposan en las notarías y no han sido remitidos a esta entidad, con el fin de actualizar y dar de baja del censo electoral a las personas fallecidas. Sin embargo, para este año fueron asignados sólo $11.700 millones para adelantar esta labor.

 

El pasado 24 de julio el censo electoral o registro nacional de votantes ascendía a 29.411.135 ciudadanos habilitados para sufragar, cifra que varía diariamente, teniendo en cuenta las distintas causas por las cuales se presentan altas y bajas en el censo.

 

El Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres, ha advertido en reiteradas ocasiones la necesidad de depurar el censo electoral, a partir de la actualización del Archivo Nacional de Identificación (ANI), con el fin de dar de baja del censo a las personas fallecidas que aún están habilitadas para sufragar, situación que propicia fraudes electorales como la suplantación de sufragantes.

 

 

90.000 sentencias judiciales para afectar en la Oficina de Novedades

 

Además de la labor de actualización del Archivo Nacional de Identificación que se realizará en el marco del contrato adjudicado, la Entidad comenzó desde el pasado 27 de mayo la revisión de alrededor de 90.000 sentencias judiciales con el fin también de actualizar el censo electoral, tanto en altas como en bajas, por pérdida o recuperación de derechos políticos; en una nueva bodega ubicada en la carrera 58 #44B-04 en el barrio La Esmeralda

 

Para este proceso de revisión la Registraduría Nacional cuenta con 80 contratistas que laboran en horario de 8:00 am a 5:00 pm, quienes hasta finales del mes de julio habían analizado 72.500 sentencias, de las cuales 33.500 están pendientes por dar de baja por la pérdida de derechos políticos y 39.000 han cumplido con la sentencia, por lo que deben ser dadas de alta, o sea, incorporadas de nuevo al censo electoral.

 

Del mismo modo 15.500 sentencias no han podido ser afectadas, ya que 6.000 no tienen documento de identidad; en 500 el número de identificación no corresponde con el nombre de la persona; 1.500 traen los datos incompletos y 7.500 pertenecen a personas que ya han cumplido con su sentencia pero que no han recuperado sus derechos debido a que los juzgados no han expedido el documento que certifique la extinción de la pena, por lo que sin este soporte la Registraduría no puede proceder a dar de alta la cédula.

 

Finalmente alrededor de 1.000 sentencias pertenecen a personas a quienes se le ha dado de baja el documento de identidad, mediante fallos judiciales y han vuelto a delinquir por lo tanto deben ser afectadas de nuevo.

 

Aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil es la encargada de la afectación de los documentos de identidad de los colombianos, en el proceso de actualización del censo electoral intervienen de forma indirecta otros entes gubernamentales, como las Secretarías de Salud, encargadas de emitir el certificado de exhumación de los cadáveres; las notarías, que al igual que las registradurías, diligencian Registros Civiles de Defunción, y los juzgados, que expiden sentencias judiciales, entre otros.

 

 

¿Qué es el censo electoral?

El censo electoral es el total de ciudadanos colombianos habilitados para votar y se actualiza diariamente así:

 

Salen del censo:

·               Ciudadanos fallecidos. La cancelación de la cédula se hace con base en el registro civil de defunción.

·              Ciudadanos que renuncian a la nacionalidad colombiana.

·              Ciudadanos condenados en sentencia judicial que incluye la interdicción de derechos   y funciones públicas por un tiempo determinado

·              Ciudadanos que ingresan a la fuerza pública en calidad de personal uniformado.

 

Entran al censo

·              Quienes cumplen 18 años quedan automáticamente incluidos en el censo electoral al obtener su cédula de ciudadanía

·              Quienes adquieren la nacionalidad colombiana quedan automáticamente incluidos en el censo electoral al obtener su cédula de ciudadanía

·              Quienes tienen cédulas expedidas antes de 1988, no han votado desde entonces ni han inscrito su cédula ingresan al censo al momento de inscribir su cédula.

·              Quienes salieron temporalmente del censo electoral reingresan a él cuando:

ü      Ya cumplieron el tiempo de pena previsto en la sentencia condenatoria.

ü      Dejaron  de pertenecer a la fuerza pública en calidad de personal uniformado.