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10 Medidas de transparencia electoral para las elecciones del 14 de marzo

Pese a la falta de recursos para implementar identificación biométrica de los sufragantes y evitar fraudes por suplantación, la Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la adopción de medidas de control que permitan garantizar transparencia en las elecciones de Congreso y Parlamento Andino que tendrán lugar el próximo 14 de marzo.  

1.    Mapa de riesgo electoral:

Con base en las sentencias del Consejo de Estado sobre las elecciones de Congreso de los años 2002 y 2006 la Registraduría Nacional del Estado Civil elaboró en 2009 un mapa de riesgo de fraude electoral. En las elecciones de 2006 se registraron 31.092 casos de diferencias entre el formulario E 11 y el E 24, lo cual indica que hubo “más votos que votantes” en 620 mesas de 150 municipios.  A esta anomalía se sumaron 2.129 casos de suplantación de electores en 889 mesas de 266 municipios, siendo ésta la modalidad de fraude que más mesas y municipios afectó en el año 2006. En las últimas eleccines en Magdalena resultaron afectadas el 9,29% de las mesas, seguido de Córdoba con el 4,94%, Boyacá con el 4,26%, Cesar con 4,15%, Sucre con 3,76% y La Guajira con el 2,75%. 

2.    Depuración del proceso de inscripción de cédulas

A comienzos de diciembre de 2009 la Registraduría puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las presuntas irregularidades detectadas en los formularios de inscripción de cédulas de ciudadanía, E-3, realizadas entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre de 2009, para las elecciones 2010, en los municipios de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Malambo, en el departamento del Atlántico, y en Cúcuta, en Norte de Santander. La Registraduría realizó el cotejo y verificación de 21.421 folios con la información de los ciudadanos inscritos en los diferentes puntos de votación del Atlántico y encontró que en más de 10 mil casos fue imposible hacer el cotejo técnico de las huellas. Además se identificaron registros de impresiones dactilares que no corresponden a las que se encuentran en la base de datos de la Entidad, y formularios con números de cédula de ciudadanía que no pertenecen al nombre del inscrito. 

En el caso de Cúcuta, Norte de Santander, la Registraduría Nacional del Estado Civil revisó 20 formularios diligenciados en un puesto de votación ubicado en el municipio de El Escobal, el cual limita con Ureña, Estado del Táchira, Venezuela. Las anomalías encontradas en estas inscripciones fueron 18 formularios diligenciados sin las formalidades exigidas por la Registraduría Nacional y las direcciones suministradas por algunos ciudadanos no corresponden a los archivos de la Entidad.  Además, en 9 de los 20 documentos analizados se demostró que se utilizó tinta azul, que no corresponde a la tinta de los huelleros suministrados por la Registraduria Nacional.

3.    Verificación del archivo de jurados de votación

la Registraduría Nacional del Estado Civil, por primera vez en su historia, realizó una completa revisión de cada uno de los más de 500.000 jurados de votación designados para ese día, y encontró un total de 18.400 inconsistencias, entre las que se cuentan 1.922 casos de jurados cuyo nombre no coincide con la cédula reportada, 8 jurados que aparecen como fallecidos en las bases de datos de la Registraduría y 12 más que no aparecen en el Archivo Nacional de Identificación – ANI-. Los restantes 16.458 tenían nombres o números de su cédula trocados o mal digitados, situación que eventualmente puede conducir a una inadecuada notificación del jurado correspondiente. 

Actualmente se está rastreando el origen de los registros inconsistentes y se adelanta un cruce con el Fosyga para verificar que los ciudadanos reportados realmente trabajan en las empresas que remitieron los listados, de acuerdo con los pagos al sistema de seguridad social. Dependiendo del origen y la modalidad de las irregulairdades que se detecten se dará traslado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones a que haya lugar. 

Por el momento, se adelantó la corrección de los 16.458 registros con inconsistencias para garantizar que los jurados designados sean efectivamente notificados y se presenten a su mesa de votación el 14 de marzo, de tal manera que no sean sustituidos a última hora. Los jurados con inconsistencias entre nombre y cédula, fallecidos o que no aparecen en el ANI ya están siendo suplidos con otros jurados extraidos de las bases de datos correspondientes.  

4.    Verificación de candidatos inscritos

La Registraduría cotejó la información de los 2.750 candidatos inscritos con el Archivo Nacional de Identificación – ANI- y detectó las siguientes inconsistencias, que fueron remitidas al Consejo Nacional Electoral el  jueves 18 de febrero:

-       11 candidatos con suspensión de derechos y funciones públicas por sentencia judicial

-       7 Candidatos inscritos en listas de dos partidos o movimientos políticos

-       5 candidatos registran doble inscripción

-       47 candidatos  no cumplen el requisito de la edad.

5.    Voto Bajo Techo

Una de las novedades para las próximas elecciones será la aplicación de la Ley 1227 de 2008, conocida como ley de voto bajo techo, que exige que todos los puestos de votación del país se instalen en lugares cubiertos, como instituciones educativas públicas y privadas. Esta Ley además contempla que todo el personal administrativo y estudiantes con mayoría de edad de todos los establecimientos educativos del territorio nacional que hayan sido seleccionados como jurados de votación estén a disposición de las autoridades electorales para que contribuyan con diferentes actividades electorales en cada uno de los puestos de votación. Son cerca de 170.000 personas del sector educativo que se encuentran comprometidas por la ley para colaborar con las elecciones, dispuestas a vigilar el proceso y a colaborar para que el resultado sea transparente.  

6.    Incorporación de la huella decadactilar en el registro de votantes

Dentro de las modificaciones y actualizaciones hechas para los formularios electorales, se incorporaron en el formulario E11 o Registro de Votantes las casillas necesarias para que cada sufragante plasme la huella de su índice derecho. Esta disposición busca disuadir el fenómeno de la suplantación de votantes y ayudará a las autoridades jurisdiccionales al momento de ordenar pruebas para clarificar la consumación de delitos o una irregularidad que amerite la nulidad de una elección.  

7.    Transmisión de resultados rápida, transparente y automática

Los desarrollos teconológicos y el esfuerzo humano que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil permitirá que el próximo 14 de marzo se adelante el proceso de transmisión de resultados más automatizado en la historia del país. Solamente intervendrá recurso humano para la transmisión de datos desde los 10.200 puestos de votación a los centros de procesamiento departamental. Las llamadas de esta transmisión se grabarán para evitar manipulaciones, y a partir de la transmisión al centro departamental el resto del proceso de sumatoria y consolidación de resultados será totalmente automatizado, sin digitadores ni verificadores. Además habrá control de acceso telefónico para garantizar una transmisión ágil de resultados, y todo el proceso cuenta con una auditoría externa. 

8.    Se sabrá ubicación y potencial electoral de las mesas que queden sin informar

El 14 de marzo, al culminar la jornada de votación, todos los colombianos podremos conocer con prontitud los resultados de todas las mesas instaladas. Si eventualmente alguna mesa no puede transmitir los resultados, en esta ocasión los partidos, candidatos y ciudadanos podrán conocer cuáles mesas exactamente faltan por informar, su potencial electoral y ubicación. Sin embargo la Registraduría adelanta esfuerzos para que la información del 4% de mesas, que históricamente se queda sin informar el día de las elecciones, pueda darse a conocer.  

9.    Publicación en la web de actas de jurados

Otra de las novedades en la elección del próximo 14 de marzo será la digitalización y publicación en la página web de la Entidad de todas las actas del conteo de jurados o formularios E-14. Esta medida permitirá que la ciudadanía y la opinión publica conozcan  los resultados de la fuente primaria, de tal manera que puedan compararlos y confrontarlos frente a la información transmitida y detectar situaciones que le permitan a los candidatos preparar con antelación las reclamaciones que eventualmente puedan presentarse en el proceso de escrutinio que comenzará el martes siguiente a la elección. 

10. Tribunales electorales

El Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con las funciones atribuidas por la Constitución y la Ley, y en especial las nuevas facultades otorgadas con la reforma política del año 2009, está creando para estas elecciones tribunales electorales en distintas ciudades del país, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y recepcionar las quejas o denuncias que se presenten. La Registraduría Nacional del Estado Civil viene trabajando conjuntamente con el CNE para lograr el fortalecimiento de estos tribunales.

 

 
     
 
 

Suplantación de electores: el fraude más recurrente en el mapa de riesgo electoral

 

La suplantación de electores es una modalidad de fraude electoral recurrente, que se presenta en distintas zonas de la geografía nacional y que como no puede atenderse por parte de las Comisiones Escrutadoras se decide por la vía judicial en demandas que con frecuencia llegan hasta el Consejo de Estado y traen como consecuencia la anulación de actas de escrutinio tres años después de la elección, con la eventual variación en las curules asignadas.
Esta es la conclusión que se desprende del análisis de las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado el 18 de febrero de 2005, mediante la cual se anularon actas de escrutinio de las elecciones de Congreso de 2002, y el 6 de julio de 2009, mediante la cual se anularon actas de escrutinio de las elecciones de 2006.

Con el fin de adoptar controles efectivos, la Registraduría Nacional realizó un análisis de cada uno de los 53.280 cargos formulados ante el Consejo de Estado sobre 21.167 mesas de votación en las elecciones de Congreso de 2002, así como de los 33.092 casos probados por el Consejo de Estado sobre 1.569 mesas de votación en las elecciones de 2006.

De acuerdo con el fallo del pasado 6 de julio, en las elecciones de 2006 se registraron 31.092 casos de diferencias entre el formulario E 11 y el E 24, lo cual indica que hubo “más votos que votantes” en 620 mesas de 150 municipios.

A esta anomalía se sumaron 2.129 casos de suplantación de electores en 889 mesas de 266 municipios, siendo ésta la modalidad de fraude que más mesas y municipios afectó en el año 2006.

En menor medida se presentan otras modalidades de fraude como la doble votación de jurados de votación, que se registró en 9 mesas de Bogotá y Cesar; la votación con cédulas en custodia que se registró en 3 mesas de Cesar, y la votación de personas no habilidadas para votar que resultó probada en 4 mesas de Bogotá y 1 de Boyacá, e incluso la suplantación de jurados de votación.

De acuerdo con la matriz de análisis de la sentencia del Consejo de Estado sobre las elecciones de 2006, el mayor número de casos probados de fraude se registró en Antioquia, con 8.168, seguido de Magdalena con 4.924, Bolívar con 4.036, Córdoba con 2.924, Valle con 2.590 y Bogotá con 1.924.

Sin embargo, al hacer el análisis con relación al número de mesas afectadas sobre el total de mesas instaladas en el departamento, se observa que en Magdalena resultaron afectadas el 9,29% de las mesas, seguido de Córdoba con el 4,94%, Boyacá con el 4,26%, Cesar con 4,15%, Sucre con 3,76% y La Guajira con el 2,75%.

De acuerdo con el Consejo de Estado, los casos de suplantación de electores incluyen situaciones en que los jurados de votación permitieron sufragar a personas inhabilitadas para votar, o incorporar votos indebidos mediante maniobras fraudulentas, figuran cédulas de personas fallecidas que aparecieron votando; personas que votaron dos veces en mesas diferentes, hubo usurpación de jurados de votación y casos en los que funcionarios electorales pidieron formularios E-14 firmados en blanco para diligenciarlos.

El análisis del fallo del Consejo de Estado permite identificar no sólo los municipios sino también las mesas en las que se presentó cada una de las modalidades de fraude. De contar con los recursos necesarios en el año 2010, esta matriz le permitiría a la Registraduría Nacional focalizar sus esfuerzos de autenticación de sufragantes en aquellos sitios en los que se registró la suplantación en las elecciones anteriores.
 

 

Suplantación, según la Procuraduría

En su intervención ante el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación señaló que “la suplantación constituye un comportamiento a través del cual se logra una indebida participación de personas ajenas al proceso electoral. Ocurre por: 1) Suplantación de los jurados, cuya finalidad es la manipulación de los documentos electorales; 2) Suplantación de electores, para ingresar ilegalmente votos de electores ausentes en las urnas en beneficio de determinado candidato; 3) error de los jurados de votación en la anotación del elector y 4) la omisión de registro del nombre verdadero del titular que sufragó, por lo que los jurados de votación deciden enmendar el error diligenciando el formulario E-11 con un nombre que no corresponde al titular del documento de identidad la suplantación de electores, esto es, el registro en los documentos electorales de votos que nunca fueron depositados por ciudadanos aptos para sufragar, configura la causal de nulidad por falsedad de las actas de escrutinio, por cuanto tergiversan las manifestaciones de voluntad”.

Reiteró que las conductas de suplantación electoral, ya sea de jurados de votación o de electores, se subsumen en la causal de falsedad y apocrifidad, porque son conductas fraudulentas que desvirtúan los verdaderos resultados de las urnas, y concluyó que ante la suplantación de electores, la única manera de preservar el principio de la transparencia electoral es la exclusión de la correspondiente mesa, dada la imposibilidad de determinar a favor de quien se depositó el voto irregular, ello en virtud al principio del secreto del sufragio.

 
   
 

Sin recursos para transparencia electoral y el voto electrónico

 

La experiencia desarrollada este año por la Registraduría Nacional del Estado Civil, encaminada a evitar la suplantación de votantes y la manipulación de actas de escrutinio a través de la implementación de las distintas fases del voto electrónico en las elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores celebradas en 2009, probablemente no podrá extenderse a todo el país para las elecciones de Congreso y Presidente de 2010, por falta de recursos para su implementación. 

El presupuesto aprobado para las elecciones del 14 de marzo y el 30 de mayo de 2010 asciende a $233.772 millones recursos que básicamente equivalen a los costos de las elecciones de 2006, más los ajustes por inflación y la elección de Parlamento Andino. 

Por fuera de este presupuesto quedó la solicitud por $150.376 millones, presentada por la Registraduría Nacional al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de los cuales $100.000 millones se destinarían al garantizar transparencia electoral, evitando los fraudes por suplantación, mediante el alquiler de un sistema de plena identidad de electores a partir de la huella dactilar para implementar en todos los municipios zonificados. Los recursos restantes se solicitaron para el escrutinio automático de mesa el día de la elección y la instalación de puntos de simulación de voto en las 32 capitales del país, para desarrollar ejercicios de pedagogía electoral e información al sufragante. 

La Corte Constitucional en la sentencia C-307 de 2004, al hacer la revisión previa de constitucionalidad de la Ley Estatutaria 892 de 2004, conocida como Ley de Voto Electrónico, señaló que “…la implementación del nuevo mecanismo y la puesta en marcha de los planes piloto sólo puede hacerse mediante gasto público, en la magnitud que finalmente determinen las autoridades competentes…”. De esta forma los planes piloto y la implementación del voto electrónico establecidos en la Ley 892 de 2004, quedaron supeditados a los recursos que el Gobierno Nacional destine para dicho fin. 

En 2007 el Ministerio de Hacienda asignó $392 millones para planes piloto de voto electrónico en Bogotá, San Andrés y Pereira. A comienzos de 2008 la Registraduría estructuró el proyecto denominado “Implementación de Nuevas Tecnologías al Proceso Electoral Colombiano”, el cual se presentó y debatió en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, pero no obtuvo viabilidad presupuestal. Este año se solicitaron $150.000 para implementar el voto electrónico en las elecciones de 2010, pero tampoco se obtuvo respuesta positiva.

  Biometría en 18 elecciones y un potencial de 928.588 votantes

En las elecciones de Gobernador de Arauca y Amazonas, así como en 16 elecciones atípicas de alcaldes la Registraduría utilizó este año controles biométricos para evitar la suplantación de sufragantes, sobre un potencial electoral de 928.588 votantes.

El 22 de febrero de 2009, en la elección de alcalde de Belén de los Andaquíes, en Caquetá, se usaron por primera vez los dispositivos para determinar la plena identidad de los sufragantes. El 15 de marzo, en la elección de Alcalde de Ragonvalia, Norte de Santander, se incluyó además la instalación de puntos de individualización y control de acceso al puesto de votación. Por último en Charalá, el 26 de abril, se realizó una primera prueba de escrutinio electrónico.

Las herramientas de identificación biométrica de los sufragantes fueron utilizadas este año con éxito en las elecciones de alcaldes de Jamundí, Valle; Magangué, Bolívar; Valledupar, Cesar; Yumbo, Valle y Maicao, Guajira; entre otros, así como en la elección de Gobernador de Arauca.

Las tres fases de voto electrónico desarrolladas hasta la fecha y para las que se pidieron recursos para las elecciones de 2010 son:

Primera fase: Plena identidad del elector: se desarrolló un visor de imágenes que permite la individualización de los ciudadanos que poseen cédulas blancas plastificadas y cafés laminadas, y un dispositivo de autenticación de huella mediante lector óptico para lograr la plena identidad de los portadores de cédulas amarillas con hologramas.

Segunda fase: Individualización y control de acceso al puesto de votación, con cualquiera de los tres formatos de cédula que porte el sufragante. Si el sistema no logra un margen óptimo al momento de efectuar el cotejo, éste permite hacerlo de manera visual, es decir, se captura la imagen de la impresión dactilar del ciudadano y se muestra en pantalla con la foto del ciudadano y la huella almacenada en la base de datos, proceso que toma un promedio de 15 segundos por ciudadano. De esta forma, por biometría (cotejo dactilar) es posible establecer la plena identidad del elector, lo cual evita la suplantación de ciudadanos.

Tercera fase: Escrutinio electrónico de mesa: Al finalizar la jornada electoral se introduce la papeleta dentro de una máquina electoral electrónica, que después de un escaneo óptico, registra como voto la marca más oscura dentro de un área determinada, lo cual garantiza eliminar el error aritmético y reduce la manipulación de tarjetas marcadas por parte de los jurados de votación.
 
Mapa de riesgo por fraude electoral 2002 y 2006
  El mayor número de casos probados de fraude electoral, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado sobre las elecciones de Congreso en 2006, se registró en Antioquia, con 8.168, seguido de Magdalena con 4.924, Bolívar con 4.036, Córdoba con 2.924, Valle con 2.590 y Bogotá con 1.924.



Los datos de 2002 corresponden a todos los cargos formulados que llegaron al Consejo de Estado. Por su parte, los datos de 2006 corresponden a los casos efectivamente comprobados por el Consejo de Estado.
Irregularidades por departamento en las elecciones de Congreso 2002 y 2006
 

NOTA: Los datos de 2002 corresponden a todos los cargos formulados que llegaron al Consejo de Estado. Por su parte, los datos de 2006 corresponden a los casos efectivamente comprobados por el Consejo de Estado.

 
 
  Comunicaciones del Registrador Nacional del Estado Civil sobre transparencia electoral:
  - Comunicación conjunta CNE y Registraduría Nacional del Estado Civil DNR 075 de 17 de febrero de 2010 al Presidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez...(ver más)

- Comunicación DNR 015 de 18 de enero de 2010 al Presidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez...(ver más)

- Comunicación DNR 005 de 12 de enero de 2010 para el Dr. Oscar Ortiz González - Zar Anticorrupción...(ver más)

- Comunicación DNR 684 de 14 de diciembre de 2009 al Presidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez...(ver más)

- Comunicación DNR 687 de 14 de diciembre de 2009 para la Comisión de Vigilancia al Organismo Electoral...(ver más)

- Comunicación DNR 541 de 21 de septiembre de 2009 para los Congresistas de las Comisiones Tercera y Cuarta Conjuntas de Cámara y Senado...(ver más)

- Comunicación DNR 537 de 18 de septiembre de 2009 para los Congresistas de las Comisiones Tercera y Cuarta Conjuntas de Cámara y Senado...(ver más)
 
 
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