El ANI sigue la huella al Censo Electoral
El Archivo Nacional de Identificación contiene la información de todas las personas a las cuales se les ha expedido la cédula de ciudadanía desde 1952, fecha en la cual se empezó a expedir la cédula de ciudadanía blanca laminada en el país.
La Oficina de Planeación de la Registraduría Nacional del Estado Civil inscribió y actualizó 17 proyectos de inversión para la vigencia 2009 ante el Banco de Proyectos de Inversión Nacional del Departamento Nacional de Planeación, DNP.
De acuerdo con la Ley 1260 del 23 de diciembre de 2008, se aprobaron nueve de los 17 proyectos y dos de ellos se referían a la “Actualización y servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación y levantamiento y depuración Sistemática del Archivo Nacional de Identificación Nacional y el Registro de Votantes”.
Para proceder a la correspondiente actualización, se digitalizaron los registros civiles de defunción que reposaban en las notarías y no habían sido remitidos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de dar de baja del censo a las personas fallecidas, en una experiencia similar a la realizada con los registros civiles de nacimiento, durante la ejecución del Programa de Modernización Tecnológica PMTII.
De los $54.000 millones de pesos solicitados al Gobierno Nacional para la ejecución del proyecto, aprobaron 11.700 millones de pesos que alcanzaron para digitalizar un total de 2.187.694 registros civiles de defunción en 2008 con lo cual se logró subsanar en alguna medida la desactualización del sistema.
En ese momento, quedaban aún pendientes más de 2 millones de registros, entre nacimiento, matrimonio y defunción, por ingresar a la base de datos, lo que en cierto momento pudo generar un desfase que se refleja en las listas de sufragantes y afecta el censo.
Hasta antes de iniciarse el Proyecto de Modernización Tecnológica, la fortaleza del ANI no se podía aprovechar porque la base de datos no se podía cruzar. Sin embargo, después de que se adoptó el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar en el 2000 se empezó el proceso tendiente a que las bases de datos, tanto la de huellas como la de producción de documentos se pudieran comunicar entre sí.
Probado en atípicas
Con el avance del proceso de depuración y mantenimiento del ANI, desde el 2009, comenzó a utilizarse en las elecciones atípicas la información del Archivo Nacional de Identificación para lo cual se instalaron en las entradas de los puestos de votación computadores con la base de datos del censo electoral de cada municipio, verificaban el número de cédula con la imagen de cada sufragante y los datos que reposan en el Archivo para así evitar suplantaciones.
En las jornadas electorales, la información del ANI sirve como filtro, sin importar el tipo de cédula que utiliza el ciudadano. Después del cotejo, si se detecta una posible suplantación de identidad o se constata que los datos del documento de identidad no corresponden con los arrojados por el dispositivo que captura la huella dactilar, el caso se remite a la mesa de justicia ubicada en cada puesto de votación.
El ANI también se utiliza para hacer la validación alfabética de las solicitudes de cédulas de ciudadanía y su poder radica en la cantidad de información recopilada y que puede cruzarse con otras bases de datos existentes en la Registraduría.
Allí, reposan actualmente 630 millones de huellas de colombianos que tramitaron su cédula blanca laminada, café plastificada o amarilla con hologramas entre 1952 y 2009, incluyendo duplicados, renovaciones y rectificaciones de cédulas.
Por la cantidad de información que almacena y su sistematización, esta gigantesca base de datos no tiene par entre las bases de datos de ciudadanos de los países de la región y hace que Colombia tenga liderazgo en materia de identificación.
La actualización
En julio de 2009, la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó a la firma Thomas Greg & Sons Limited Assenda S.A. del grupo Carvajal un contrato por 10.195 millones de pesos para actualizar parcialmente la base de datos de los ciudadanos fallecidos desde el 16 de junio de 1938 hasta el 31 de de mayo de 2009.
En cumplimiento de este contrato, se visitaron Notarías, Registradurías Auxiliares, Municipales y Especiales de 23 capitales de departamento del país y se capturaron los datos de los Registros Civiles de Defunción existentes en el Servicio Nacional de Inscripción de la Registraduría.
En el 2010, se apropiaron recursos por 32.000 millones de pesos para ejecutar el contrato 622 mediante el cual, el contratista se comprometió a visitar las notarías de 824 municipios para buscar los registros de defunción.
Este esfuerzo se complementó con la aprobación de la Ley 1365 de 2009 o Ley de Presupuesto mediante la cual, el Registrador Nacional recibió facultades temporales y extraordinarias para hacer cruces de las bases de datos y registros con las bases de entidades de salud, cementerios y Medicina Legal.
En la primera parte del proceso se revisaron 5.679.723 registros civiles de defunción, de los cuales 1.153.584 ingresaron para actualizar la Base de Datos de Registro Civil y 136.142 fueron cancelados por muerte del Archivo Nacional de Identificación.
Base dinámica
El Archivo Nacional de Identificación se alimenta con el Registro Civil de Defunción que se tramita en la Registraduría o en una Notaría con base en un certificado de defunción.
Esta base que se mantiene en permanente dinámica, es utilizada por diferentes entidades desde el año 2008, cuando la Ley 1163 del 3 de octubre de 2007 estableció las tarifas para el cruce de datos con los archivos electrónicos de la Registraduría.
Las consultas de la base de datos se puede hacer vía web. Para acceder al servicio se requiere la aplicación del protocolo de seguridad establecido por la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría, la firma de un contrato que incluye la firma de un protocolo de seguridad por parte de la firma interesada en consultar el ANI mediante la creación de un nombre de usuario y contraseña.
La consulta en la modalidad de medio magnético es otra forma de acceder al servicio y no requiere contrato ni aprobación del protocolo de seguridad pero si la firma del acta de confidencialidad por parte del cliente. Este debe llevar a la Registraduría Nacional, en medio magnético, la información que va a cruzar con la base de datos de la Entidad. Ese servicio lo presta el área de soporte técnico y se actualiza permanentemente.
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