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La prehistoria de la cédula:
En el principio: voto, luego existo


La historia de la cédula de ciudadanía en Colombia se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, precisamente en 1862 y durante la administración de Tomás Cipriano de Mosquera, cuando un decreto presidencial estableció la necesidad de proveer un certificado que hiciera las veces de título de elector, que se entregaría a quienes hicieran parte de la lista de Electores.

Esa es la génesis del documento de identidad que hoy portan los colombianos, la cual relata la historiadora Olga Yanet Acuña Rodríguez, magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y profesora del Departamento de Historia Universidad del Valle, en el documento “Cédula de ciudadanía y documento electoral en Colombia”, que se encuentra disponible en nuestra página web.

De acuerdo con la historiadora, el certificado electoral lo expedía la “comisión de calificación”, integrada por el Gobernador del Distrito y cuatro ciudadanos nombrados por él. Se trataba de un documento impreso y en él se certificaba el nombre, edad, estado civil, residencia del ciudadano y si éste sabía leer y escribir.

En América Latina, y Colombia no fue la excepción, durante el Siglo XIX y en medio del proceso de construcción del Estado, fue más importante votar que ejercer derechos otros derechos ciudadanos y civiles.

“Voto, luego existo” es la frase que resumiría el espíritu de la época y de los líderes políticos, quienes preocupados por el voto múltiple, insistieron en “la importancia de reglamentar un documento de identidad que le permitiera al ciudadano identificarse a la hora de votar, únicamente con el objetivo de evitar que una persona sufragara más de una vez con nombres supuestos, dice el informe de la historiadora Acuña.

La cédula de ciudadanía gana espacio

Junto a las fotos de los seres más queridos, los ciudadanos acostumbran llevar en sus bolsillos, billeteras o carteras, la cédula de ciudadanía que se alista a celebrar sus 75 años de existencia.

El 8 de noviembre de 1934 se reconoce como la fecha de ‘nacimiento’ del documento de identificación de los colombianos pero su concepción, se inició cinco años atrás y esa etapa ‘prehistórica’, está prácticamente inédita.

Era un tiempo marcado por las diferencias y pugnas políticas entre liberales y conservadores, la depresión económica mundial, el analfabetismo y una incipiente cultura de masas donde ser elector era más importante que ser ciudadano, concepto que todavía hoy, en términos políticos, sigue en construcción.

De hecho, a la cédula electoral, como se le conoció a principios del siglo XIX, se le dieron efectos civiles mediante una iniciativa impulsada por el entonces Representante Gabriel Turbay, y aprobada en el Congreso por 45 votos a favor y 2 en contra.

Fue en realidad un gran triunfo si se tiene en cuenta que antes de presentar ese proyecto de ley, en 1928, durante la hegemonía conservadora y el gobierno de Miguel Abadía Méndez, la reforma electoral tuvo 70 sesiones y no se aprobó.

A juzgar por ese y otros hechos referenciados por el profesor de la Universidad del Rosario, Fernando Mayorga García, en su texto “La primera cédula de ciudadanía en Colombia (1929-1952) o el fracaso de una institución”, sacar adelante la idea de Turbay entre los legisladores no fue fácil.

No obstante las dificultades, la iniciativa se convirtió en la Ley 31 de 1929, fue aprobada en tercer debate por 52 votos a favor, frente a 35 negativos de quienes consideraban que la confección material de la cédula era ‘imposible’.

Esos fueron los primeros pasos de la cédula en un camino en el que a veces, el documento ha sido objeto de rechazo, duda, controversia, pérdida y hasta destrucción. Después de tener aprobada la ley que ordenaba su creación, durante el gobierno del liberal Carlos E. Restrepo, el ministro de Gobierno propuso aplazar hasta 1933 la entrada en vigencia de los artículos que se referían a la cédula de ciudadanía.

Más pensando en la condición de los ciudadanos como electores que como sujetos de derechos civiles, durante su primer mandato, Alfonso López Pumarejo reglamentó la Ley 31 de 1929, creó el Departamento Nacional de Identificación vinculado a la Policía Nacional, estableció un censo electoral permanente y definió que la cédula sería un documento de 17 centímetros de largo con retrato e impresión digital del titular, el cual, hoy tal vez, sí sería imposible guardar en el bolsillo, en la billetera o en la cartera junto a las fotografías de los seres más queridos.


 
 

Ciudadanía en construcción

Para los conservadores el establecimiento de la cédula electoral facilitaría la corrupción porque según ellos, sería más fácil la comercialización, el clientelismo y el tráfico de votos.

No obstante estas objeciones, el concepto de ciudadanía se fue abriendo paso y los las reformas electorales en el Congreso se centraron en aspectos como el voto calificado, el sufragio universal y la importancia de elegir y ser elegido.

Dice la historiadora Olga Yanet Acuña Rodríguez que en el siglo XIX, era ciudadano el individuo varón mayor de veintiún años o que estuviera casado, pero “si además sabía leer y escribir, tenía algún medio de subsistencia, ejercía alguna profesión u oficio “perfeccionaba las cualidades de ciudadano”.

Ante los debates que provocó el establecimiento del ‘voto calificado’ que imponía a los electores requisitos para elegir y ser elegido, se promovió el establecimiento de la cédula de ciudadanía como documento necesario para ejercer el derecho al sufragio.

   
 

Primera expedición masiva

Durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo y hasta diciembre de 1938 se expidieron el 90 por ciento de las cédulas. El porcentaje se elevó a 93 por ciento en marzo de 1939. Llegaron a 96 por ciento en marzo de 1940 y al 100 por ciento el 31 de mayo de 1941, durante el mandato de Eduardo Santos, dice en su investigación el profesor Fernando Mayorga García. El 31 de marzo de 1942, el país contaba 2.083.600 cédula.

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