REVISTA NUESTRA HUELLA

Brindando identidad a la población desplazada

 

El corregimiento Las Margaritas, municipio San Sebastián en el Departamento de Magdalena ha sido beneficiado por la labor de la Registraduría Nacional del estado Civil y la Red JUNTOS, durante la campaña que se desarrolló los días 21 al 24 del mes de septiembre.

La población desplazada en Colombia tiene problemas, no sólo los generados por su status, sino también los relacionados con su identificación. Para solventar esta última situación, la Registraduría Nacional del Estado Civil protege el derecho de cada uno de ellos para que tengan la posibilidad y el goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución Nacional. La Entidad cuenta con una política institucional, unos procedimientos claros y oficinas dispuestas como la Unidad de Atención a Población Vulnerable (UDAPV) para el restablecimiento de los derechos de la identidad de la población desplazada, en riesgo de desplazamiento y vulnerable.

La política de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil se basa en un enfoque diferencial en la atención a la población desplazada. Los procedimientos establecidos están acordes con las sentencias de la Corte Constitucional y demás jurisprudencia que ha enfatizado en la labor de las diferentes entidades gubernamentales para la atención de esta crisis social. La Entidad es consciente que con su labor del restablecimiento de la identidad de la población vulnerable ésta puede acceder, no sólo a los derechos que el Estado le ofrece como persona natural, sino también en el de servir de soporte para que la situación actual de los mismos tenga mayores controles por parte de las demás entidades estatales que tienen en su misión el abrir espacios para mejorar la calidad de vida de estas personas.

Por tal razón, la Registraduría Nacional del Estado Civil hace parte de la Red JUNTOS, que liga otras 16 entidades gubernamentales que tienen incidencia en las actividades que dirige el Gobierno con la población desplazada.

La Registraduría Nacional recibió una base de datos en 2009, con seis millones de personas, para que fueran depurados los archivos y así determinar qué porcentaje de población desplazada –y en riesgo de desplazamiento- se encontraba dentro de las mismas.

Tras el análisis realizado por los ingenieros de la Unidad de Atención a Población Desplazada (UDAPV), el 50% de los archivos fueron determinados como objeto para poder adelantar los trámites del restablecimiento de los derechos a la identidad por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta estadística va alineada a lo que el Gobierno Nacional ha estipulado como población desplazada en Colombia cuyos reportes de la  Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional son de 3.486.305 personas, con corte al 31 de julio de 2010.

La estrategia donde está involucrada la Registraduría Nacional del Estado Civil ha tenido resultados positivos: En el último año     -de acuerdo con estadísticas suministradas por Acción Social- en 1.102 municipios de la geografía nacional se habían logrado vincular 1.312.000 familias. Las metas básicas que se quieren alcanzar con las actividades de cada una de las entidades gubernamentales sin la Identificación, Salud, Habitabilidad, Bancarización entre otras dimensiones sociales.

Para ayudar a la población desplazada a sobreponerse a las circunstancias que han impuesto su nuevo status se han involucrado también el Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Defensa.

Otras entidades que se han sumado a la misión de disminuir el impacto a la población desplazada y en riesgo de desplazamiento son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Policía Nacional. ICETEX, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, FINAGRO, Báncoldex y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Con la labor mancomunada de todas estas instituciones se viene haciendo frente a un problema generado por el conflicto armado. La Registraduría Nacional del Estado Civil en cada una de las campañas de identificación que ha adelantado por todos los rincones del territorio nacional ha logrado conocer que algunas de las personas que hacen parte de la población desplazada omiten su status de desplazamiento precisamente por temor, por vergüenza, o para dejar atrás un pasado que los ha dejado marcados y ha generado traumas en sus familias.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de manera estratégica ha logrado que la Unidad de Atención a Población Vulnerable (UDAPV) atienda a la población desplazada –por la violencia o desastres naturales- sino también a las minorías étnicas. Esta Unidad ha logrado restablecer los derechos fundamentales de cerca de un millón de personas en 223 campañas desplegadas en los lugares más recónditos de la geografía nacional, en los últimos 10 años.

Marco Jurídico
En Identificación, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha cumplido a cabalidad con el mandato establecido por la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que busca la recuperación y el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población desplazada consagrados en la Carta Magna y salvaguardados en la Ley 387 de 1997.

Así mismo, el Auto 011 de 2009 sobre el seguimiento de medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional sobre el problema del desplazamiento interno ordena a la entidad prestar la colaboración adecuada específicamente en lo relacionado con las falencias de los sistemas de registro y caracterización de la población desplazada.

En dicho auto se establece que “La Corte empieza por reiterar que todas las personas desplazadas tienen un derecho fundamental al habeas data, tanto en su dimensión negativa como en su dimensión positiva”. Dentro de esta dimensión positiva se destaca el concepto de habeas data aditivo, acuñado por la Corte Constitucional, que comprende el “derecho a la inclusión de los datos personales del sujeto interesado en el banco de datos de programas sociales”. 

En este auto se repite lo que ya ha dicho la Corte sobre este derecho fundamental y se parte de la jurisprudencia general para aplicarla a la situación de los desplazados, dentro de las premisas sentadas en la sentencia T-025 de 2004. “Todo desplazado tiene el derecho de figurar con su identidad clara, no sólo en el Registro Único de Población Desplazada, sino en las demás bases de datos manejadas por entidades públicas con responsabilidades respecto de la protección de sus derechos. En ese sentido, las autoridades tienen el deber de llenar los vacíos en las bases de datos, de completar éstas con la información que falte de todos los desplazados, así como de mantenerlas actualizadas”.

Esta Sentencia declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la población en condición de desplazamiento por considerar, a su juicio, que existe una vulneración sistemática de sus derechos.

La Ley 387 de 1997 estipula la adopción de medidas para la prevención del desplazamiento forzado. Este decreto ley pretende la atención, protección y consolidación socio-económica del desplazamiento interno generado por la violencia en la nación.

Los beneficiarios (desplazados) de la Ley 387, así como las Organizaciones No Gubernamentales y aquellos organismos de defensa y promoción de los Derechos Humanos, podrán ejercer la acción de cumplimiento para exigir la efectividad de los derechos consagrados en dicha norma a favor de los desplazados.

Adicionalmente, el Decreto 290 de 1999 encierra la misión constitucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil al buscar la plena identificación de cada uno de los colombianos. Es así como este decreto dictó medidas especiales para la inscripción en el registro civil de nacimiento y la expedición de documentos de identificación cuyo grupo objetivo son los desplazados por la violencia ocasionada por el conflicto interno.

Así mismo, el Decreto 290 dispone la prelación y la gratuidad en los trámites de identificación relacionados con rectificaciones de cédula, duplicados, copias de registros civiles y tarjetas de identidad, para las personas desplazadas. De esta forma, los desplazados quedan exentos de cancelar $5.300 de las copias de registro civil y los $31.800 de los duplicados de cédula.

Para solicitar dichos trámites se debe acreditar la condición actual de desplazado que se verifica con la certificación expedida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social).

Con la adopción de estas leyes y otras como el Decreto Ley 1260 de 1970; el Decreto 2241 de 1986; la Resolución 0802 de 2002 y la Resolución 6303 de 2008; la Registraduría Nacional del Estado Civil – a través del Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación- ha logrado resultados plausibles en la ayuda y superación del problema del desplazamiento por hacer parte del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada (SNAIPD).

Prioridades a desarrollar
Bogotá ha sido foco de gran cantidad de familias que han huido de sus lugares de origen para asentarse en parques y otros terrenos baldíos que les sirven de asentamiento mientras las autoridades les resuelven su situación. Son 38.481 familias las que han sido censadas y ubicadas en la capital en lo corrido de 2010, de acuerdo con la Red JUNTOS.

La Labor de las 17 entidades gubernamentales que han hecho parte de dicha Red ha tenido como objetivo en este año la atención de 1.312.000 familias mediante los 8.633 cogestores sociales con los que cuenta la Red JUNTOS, tal como lo ha manifestado la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Se destaca que la atención continúa también tras la reubicación y el restablecimiento de todos sus derechos de identidad para llevar un seguimiento detallado de la inclusión social.

El mismo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha puesto de manifiesto la situación del desplazamiento en Latinoamérica. “La identidad es un derecho inherente a la dignidad y es una necesidad humana. Es un derecho fundamental que permite el ejercicio pleno de una serie de derechos vitales para el desarrollo de un individuo y de una sociedad. Facilita el cumplimiento de derechos humanos y políticas sociales; constituye -por sí mismo- un instrumento que permite una ciudadanía dinámica y plena capaz de incluir a la persona en el desarrollo de su país”.

La cultura de la legalidad se logra con población desplazada mediante las diferentes campañas de identificación que se adelantan en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en Soledad (Atlántico) más de 150 personas  desmovilizadas actualizaron el pasado mes de septiembre sus documentos para reintegrarse a la vida civil. Esta jornada se adelantó con la Registraduría Nacional del Estado Civil y colaboración de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR), la Policía Nacional, la Secretaría de Salud del municipio de Soledad con otras entidades de carácter privado.

La labor del restablecimiento del derecho a la identidad que gestiona la Registraduría Nacional del Estado Civil ha posibilitado en el Atlántico que dicha Consejería haya atendido 935 desmovilizados. Esto les permite gestionar sus respectivos cupos en el régimen subsidiado de salud y educación para impulsar inclusión social que se mencionaba con anterioridad.

En estas jornadas se realizan los enrolamientos en vivo (booking) para que los ciudadanos en condición de desplazamiento puedan adelantar los trámites de registro civil, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía. De igual forma se disponen de varias unidades móviles de comunicación satelital que permite el acceso remoto a todas las bases de datos de la Registraduría. Estas unidades se desplazan como verdaderas oficinas móviles que están en capacidad de entregar documentos de identificación a la población más desprotegida.

Precisamente en Bogotá, el pasado 12 de octubre, se realizó otra jornada de documentación para la población desplazada que ha llegado forzosamente a la capital. Con la colaboración de la UAO Bosa-Kennedy, la Alcaldía Local y la Alcaldía Mayor de Bogotá conjuntamente con la Red JUNTOS lograron atender trámites relacionados con cédulas de primera vez, duplicados, renovación de cédulas, duplicado de tarjeta de identidad y registros civiles, desde las 9:00 am hasta las 4:00 pm. La jornada contó con la colaboración y soporte de dos unidades móviles con las que cuenta la Registraduría Distrital desde el pasado 10 de septiembre. Los barrios beneficiados con estas campañas fueron Cerro Norte y Santa Cecilia Alta.

La misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil es garantizar que todos los recién nacidos cuenten con su registro civil de nacimiento, los niños de 7 años tengan su tarjeta de identidad, los jóvenes mayores de 14 años renueven su tarjeta de identidad y los mayores de 18 años reciban su cédula de ciudadanía.

Recursos logísticos
La logística que posee la Registraduría Nacional para la atención a la población desplazada es el pleno funcionamiento de diez Unidades Móviles que sirven de soporte para la realización de campañas de identificación a la población desplazada. Colombia es pionera en la creación de estos vehículos que tienen comunicación satelital y que desde 2001 están en línea con las bases de datos de la Entidad para adelantar todos los trámites de identificación.

 “La idea llamó tanto la atención de la Comisionada en Colombia para los Refugiados de las Naciones Unidas -la brasilera Leyla Lima- que asumieron el proceso de adquisición, construcción y dotación de la Unidad Móvil. Es más, los funcionarios del ACNUR comentaron que habían realizado una investigación en el mundo y no habían hallado una experiencia similar”, recuerda Álvaro de Jesús Molina Vásquez, Director de Identificación 10 años atrás, cuando surgió este proyecto en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La primera misión de la Unidad Móvil fue en Cartagena de Indias durante 1999. Se cumplió con la tarea de atender y prestar los servicios de identificación a la comunidad desplazada, que eran esenciales para acceder a otros servicios estatales.

Las actividades desarrolladas por estas Unidades son previamente evaluadas: Fundamentados en los censos de necesidades documentales y los diferentes compromisos (de comunidades y autoridades) se desarrollan las correspondientes jornadas bajo las siguientes condiciones y parámetros funcionales:

* Focalización de las comunidades y/o autoridades.
* Filtros de información y requisitos.
* Seguridad del perímetro de acción.
* Apoyo en mesas de trabajo (fotografía, digitación, reseñadores, captura de firma).

La definición de la población objetivo, con la que se adelantarán las jornadas de identificación, resulta del cruce relacionado con la presencia geográfica de los socios del proyecto y la articulación con el Sistema Nacional de Atención a Población Desplazada (SNAIPD).

Es decir, se requiere de la presencia de las organizaciones cooperantes como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Plan Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Corporación Opción Legal, Acción Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el buen término de las campañas.

Este problema del desplazamiento forzado en Colombia requiere que sea enfrentado con alianzas estratégicas donde se incluya no solamente ala RNEC y a la Red JUNTOS sino también a los cooperantes internacionales para que permitan cerrar el cerco de las diferentes causales de surgimiento del problema. No solamente la violencia, la subversión y el paramilitarismo son los generadores de desplazamiento, sino también los desastres naturales que causan migraciones forzosas hacia las capitales y cabeceras municipales.

Procedimientos de atención de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil

La Entidad tiene establecido un procedimiento para atención de la población desplazada que lo describe el Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación, doctor Martín Fernando Salcedo Vargas.

“Los funcionarios encargados del registro civil que ejerzan sus funciones en los municipios donde estén ubicados los desplazados por la violencia, efectuarán, a nombre del funcionario competente del lugar en que ocurrió el nacimiento, el trámite de inscripción en el Registro Civil de nacimiento de las personas afectadas que carezcan de éste.

Para la inscripción, se atenderán los procedimientos regulados por el Decreto 1260 de 1970 y remitirán al funcionario competente la documentación a efectos de que autorice la respectiva inscripción. No obstante, copia de los documentos antecedentes y los seriales diligenciados, reposarán en el despacho en que se realizó el trámite, en archivo independiente.

Para emitir copia del registro al interesado estará facultada cualquiera de las dos oficinas. En todo caso y para todos los efectos, se entenderá que el registro está inscrito en el sitio de nacimiento, debiendo hacer mención expresa de tal circunstancia en las copias o certificaciones que se emitan.

Los requisitos exigidos para efectuar la inscripción de nacimiento son los establecidos por el Artículo 49 del Decreto Ley 1260 de 1970 y 50 de la misma norma, Modif. Artículo 1º. Decreto 999 de 1988 y Decreto 2188 de 2001.No obstante, la Ley 1395 del 12 de julio de 2010 dispone que la inscripción del nacimiento en el registro civil se puede hacer en lugar diferente al de su ocurrencia.

El Número Único de Identificación Personal (NUIP) le corresponde asignarlo a la oficina donde ocurrió el nacimiento de la persona desplazada, al igual que la autorización del registro”.

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Cartagena y la primera campaña de identificación

Las calles estaban sin pavimentar, las casas que observábamos se habían construido rudimentariamente y la pobreza imperaba por todas partes. Esta breve descripción aún -10 años después- se nota en el territorio nacional pero era el panorama que se percibía en el barrio Nelson Mandela de La Heróica durante 1999. Este era el barrio más deprimido de la ciudad, donde la mayoría de su población era desplazada por el conflicto armado interno.

El Nelson Mandela fue objeto de la primera campaña de identificación de población desplazada, que en una semana atendió un promedio de 50 personas por día.

De las oficinas centrales de Bogotá se había desplazado un reducido número de funcionarios encabezados por la abogada María Alejandra Victoria Cajamarca –designada por el Director de Identificación para coordinar el convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Corporación Opción Legal- y los técnicos Nancy Rojas Bermeo y Ricardo Herrera que se encargarían del trámite documental.

Adicionalmente, la Corporación Opción Legal “aportó” dos funcionarios que se unieron a los que integraban la Registraduría Especial de Cartagena, para conformar el equipo que adelantaría tan noble tarea.

“Diariamente nos dirigíamos al barrio Nelson Mandela al que llegábamos a las 7:00 a.m. Estábamos acompañados por varios infantes de marina de la Armada Nacional, que permanecían hasta que la jornada finalizaba -alrededor de las 4:00 pm.-. Después de esa hora no se garantizaba nuestra seguridad personal y tampoco la de los equipos de la Registraduría”, recuerda María Alejandra Victoria, una de las integrantes de la campaña.

La logística en ese entonces era toda una odisea porque el “supuesto” salón comunal del barrio era una construcción rudimentaria en ladrillo y tejas de zinc que dificultaban aún más las condiciones climáticas. Este salón no contaba con la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos, porque no se tenía la corriente eléctrica adecuada y fueron obligados a trabajar con plantas eléctricas. Se instalaron varillas cowell para la estabilización del polo a tierra de todos los equipos.

La rutina matutina incluía el traslado de las UPS, pantallas, impresoras, rodillos, planchuelas, tinta y material para preparar los documentos.

Todos los procedimientos eran manuales, porque las unidades móviles no existían entonces y era imposible trabajar en línea con la base de datos central de la Registraduría.
En estas jornadas los funcionarios vivieron, de manera palpable, la cruda realidad de nuestra población desplazada y vulnerable. “Lo que más me llamó la atención fue la gran cantidad de madres menores de edad. Recuerdo el caso de una niña de aproximadamente 14 años que llegó a registrar su hijo de un año que tuvo con su progenitor”, subraya María Alejandra Victoria.

Los documentos que más se tramitaron en el Nelson Mandela fueron registros civiles de nacimiento y cédulas de ciudadanía. En la campaña también se expidieron tarjetas de identidad y se realizaron postgrabaciones.

Llegaban familias con gran número de hijos pequeños - entre 1 y 4 años- que carecían de estos documentos y sus padres tampoco los poseían.

Se presentaron más personas de las esperadas, es decir, un número mayor de las que estaban en el censo que habían suministrado los líderes comunitarios.
En consecuencia, a pesar de que la comunidad se encontraba contenta por la campaña, hubo insatisfacción por parte de las personas que no se pudieron atender, por no disponer de los recursos ni del tiempo necesario.

Los “insatisfechos” fueron  personas que a última hora se enteraron de la jornada y que no contaban con los requisitos para el trámite de los documentos que, previamente, habían sido informados por los líderes comunitarios.
No faltaron los que vieron una oportunidad para improvisar “estudios fotográficos” y hacer su “negocio” tomando fotografías para el trámite de la cédula de ciudadanía.

Pese a las circunstancias descritas, la misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil -con el gran aporte de los cooperantes- se cumplió y las satisfacciones fueron mayores.

“Llevar los servicios de la Registraduría hasta la comunidad -que no tiene facilidad para acercarse a nuestras oficinas- fue una gran satisfacción, ya que estas personas requieren de sus documentos para tener acceso al efectivo goce y disfrute de sus derechos fundamentales y para recibir todos los beneficios de los servicios sociales del Estado”, manifestó María Alejandra Victoria que en la actualidad es Coordinadora del Servicio Nacional de Inscripción (SNI).
 
Hoy en día -con las 10 Unidades Móviles de documentación y la experiencia- las campañas de identificación tienen otra cara.

No hay que preocuparse por el traslado o seguridad de los equipos porque estas unidades cuentan con ellos; se dispone de los elementos necesarios para la documentación, la hemoclasificación (factor RH) y los equipos digitales para la toma de las fotografías.

Así mismo, se trabaja en línea con la base de datos central, lo cual permite una mayor seguridad en el trámite de los documentos de la población desplazada.

Para tener en cuenta

*En 2010 se han atendido 9.375 personas pertenecientes a la población desplazada y vulnerable de Cartagena. De esta cifra, 970 personas realizaron trámites de Registro Civil de Nacimiento, 3.726 Tarjetas de Identidad, 3.971 cédulas de ciudadanía y  708 Post grabaciones. Se han visitado 188 puntos diferentes de la ciudad reestableciendo el derecho a la identificación que tienen los colombianos.

*La primera Unidad Móvil de identificación en el mundo se creó en Colombia. Los ingentes esfuerzos por generar soluciones y servicios de identificación a la población desplazada y vulnerable de Colombia, fueron las que incitaron un mecanismo de alta tecnología. La finalidad: Prestar los servicios de identificación como lo son las cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad y registros civiles a la comunidad menos favorecida del país.

*El objetivo de esa Unidad Móvil era el uso de tecnologías disponibles y bases de datos centrales y la verificación –en tiempo real-, para establecer la verdadera identidad de los desplazados.

*Desde 1999 hasta la fecha en Cartagena se han realizado seis campañas de identificación en el Nelson Mandela, El Pozón y otros barrios donde se concentra la mayor cantidad de desplazados en la capital de Bolívar. El total de personas beneficiadas con estas campañas son de 25.795 entre niños, jóvenes, adultos, madres cabeza de familia y adultos mayores.

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Fichas claves para la Reforma Política Electoral

El Congreso de la República tiene en sus manos el futuro de la Reforma Política y Electoral.

Reconocidos actores del proceso electoral han puesto de manifiesto las falencias en el Sistema Electoral Colombiano, que buscan ser resueltas o al menos minimizadas con el proyecto de ley de Reforma Política y Electoral que avanza actualmente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El mismo Ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras ha expresado que se espera que la reglamentación de la Reforma Política rija desde octubre de próximo año porque impulsa los “criterios de democracia, reglamenta las consultas interpartidistas pero sobre todo fija normas que le van a dar mayor transparencia y pulcritud a las elecciones”.

Fernando Giraldo García, Magíster en Ciencias Políticas sobre Sociedades Latinoamericanas de la Universidad de París – Sorbona Nueva, insistió durante el seminario sobre Reingeniería Electoral, organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en septiembre pasado, que: “Tenemos una legislación donde no existe un código electoral, en el mejor de los casos, la realidad es que tenemos un compendio de normas. Aquí no tenemos una legislación electoral consistente y coherente”.

Las apreciaciones de Giraldo se fundamentan en que “nuestra historia bipartidista extrema desembocó en una atomización de partidos que fue incubando una debilidad al interior del sistema electoral colombiano” y solamente hasta el 2014 se podrá ver un sistema de multipartidos más equilibrado.

La Reforma Política y Electoral que viene en curso tiene ventajas, desventajas y desafíos para la actual agenda legislativa y de la voluntad política dependerá que no se hunda y que sus frutos se vean en lo comicios del 30 de octubre de 2001, como lo anunció el Ministro del Interior.

No obstante, en el actual escenario se considera pertinente observar los diversos pronunciamientos de cada uno de los actores -que son protagonistas del proceso electoral- para tener un panorama más claro en cuanto a modificaciones constitucionales, legales, tecnológicas, y logísticas que se requieren para la preparación y el desarrollo de unas elecciones.

Las recomendaciones e ideas de la Registraduría Nacional del Estado Civil se recogen de la carta que el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres envió al Ministro del Interior y Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras, el pasado 6 de septiembre.

Este documento recopila las principales ideas del Registrador Nacional con relación a la reforma sistémica que requiere el país.

De igual manera, las apreciaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE) se recogen en el Informe de Recomendaciones que esta organización realizó con base en las Elecciones de Congreso y Presidente de 2010.

Así mismo, la MOE publicó el informe Financiamiento Electoral en Colombia, que también presenta propuestas de ajustes normativos sobre este tema específico.

Por su parte el Centro de Asesoría y promoción Electoral (CAPEL), miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), compiló sus recomendaciones en el documento de conclusión y reunión de evaluación de la Misión de Observación Técnica Internacional que llevó a cabo para las Elecciones de Congreso, Parlamento Andino y Consultas de Partidos Políticos del pasado 14 de marzo de 2010, en un proceso que estuvo acompañado por la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur (Protocolo de Quito) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

1. Reformas Constitucionales

La Reforma Constitucional tiene como fundamento la revisión parcial de la Carta Magna y la sustitución de una o varias de sus normas sin que esto signifique la modificación de la estructura y principios fundamentales de la misma.

En este sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Misión de Observación Electoral (MOE) han expresado la necesidad de adelantar diversos ajustes:

El Registrador Nacional del Estado Civil, en la carta enviada al Ministro del Interior y Justicia, el pasado 6 de septiembre, recomendó una Reforma Electoral de carácter estructural para el fortalecimiento democrático y salvaguardar el más preciado derecho de los ciudadanos que es el voto. Esta reforma debe guardar el sentido de la proporcionalidad entre los derechos fundamentales comprometidos, los deberes de los partidos, candidatos y la capacidad técnica, logística y financiera.

Para tal fin, el Registrador Nacional del Estado Civil considera conveniente “la eliminación del voto preferente y conformar listas únicas y cerradas, lo cual asegura reglas y mecanismos claros, objetivos y transparentes para la escogencia de candidatos, miembros de partidos porque las consultas internas aumenta la fiscalización sobre la influencia de dineros ilícitos al interior de cada colectividad”.

Así mismo se señala que sería deseable determinar constitucionalmente la elaboración de dichas listas únicas y cerradas porque sería un esfuerzo en vano si se siguen admitiendo vacancias temporales para que no se conviertan en alternancias o “carruseles” para fines ilegítimos o de agravamiento fiscal.

La Misión de Observación Electoral (MOE) está alineada a los conceptos emitidos por el Registrador Nacional del Estado Civil en cuanto a la eliminación del voto preferente.

 La MOE explica en su Informe de Recomendaciones que este aspecto “reduciría la competencia al interior de los partidos, disminuirá los costos de las campañas y fortalecerá la responsabilidad política de los movimientos y partidos políticos”.

Otra propuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil es la de hacer cambios  circunscripción electoral por la cual se eligen a los senadores de la república.

Una de las posibilidades es elegir un senador por cada departamento, además de los que por circunscripción nacional llegasen a ser electos, de acuerdo con el número de curules vigentes.

Por otro lado, la MOE propende por darle un valor real al Voto en Blanco tal como se buscó en la Reforma de 2009.

La MOE está en desacuerdo la manera como quedó plasmada esta intención porque para que se repitan unas elecciones el voto en blanco debe alcanzar la totalidad de los votos válidos, es decir, la mitad más uno de los votos por partidos, votos por candidato y votos en blanco.

Este apartado requiere una reforma constitucional para que quede el espíritu inicial de 2009 tanto para elecciones a corporaciones públicas como a elecciones uninominales.

Al respecto en declaraciones a medios de comunicación del Registrador Nacional durante las discusiones adelantadas sobre la Reforma Política el 23 de abril de 2009, manifestó que “una de las maneras para la autorregulación y moralización de los partidos es la contabilización del voto en blanco, sin exigir su mayoría absoluta. Una mayoría simple haría más visible el compromiso social, moral y político de los partidos”.
Adicionalmente, la MOE pretende que se utilice la reforma constitucional electoral para la creación de un Tribunal Electoral que se encargue de asumir todas las funciones jurisdiccionales sobre las elecciones y se establezca una justicia electoral.

Es decir, todas las competencias jurisdiccionales que se lleven en curso sobre los procesos electorales deberán estar en cabeza de dicho tribunal y que este pertenezca a la rama judicial.

2. Reformas Legales

Reforma legal o reforma legislativa son términos equivalentes y aluden a la modificación o cambio en la regulación de una ley por otra en determinada institución, entidad o sector de la población.

Una modificación propuesta por nuestra Entidad tiene relación con los términos de inicio del escrutinio para las 11:00 pm del mismo día de las Elecciones. Esto permitiría mayor eficiencia en la entrega de los resultados electorales lo que redunda en mayor transparencia del proceso y mayor confianza ciudadana en la Organización Electoral.

“Esta reforma permitirá una mayor eficiencia y agilización en la entrega de resultados electorales, lo que redundara en la generación de mayor confianza ciudadana en el Sistema Electoral y en la transparencia del proceso eliminando suspicacias que el actual término legal puede generar en candidatos y electores”, señala el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres en la carta enviada al Ministro del Interior.

Sobre los horarios de los comicios, el Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez Torres ha manifestado que “la legislación del sistema electoral colombiano actual está regido para un país rural, sin luz eléctrica, por lo que las votaciones se han presentado desde años atrás de 8:00 am a 4:00 pm”.

Precísamente, en el artículo 52 del proyecto de Reforma Política y Electoral que se debate estipula el título “Horario de las Votaciones” y expresa: “Las votaciones se iniciarán a las 8:00 de la mañana y se cerrarán a las 5:00 de la tarde”. Esta iniciativa, que está pendiente de aprobarse en el Congreso, ha sido también desarrollada y promovida dentro del Informe de Recomendaciones de la MOE.

Siguiendo la línea horaria para los Escrutinios, el articulo 46 del proyecto versa “Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio el mismo día de las elecciones a partir del momento del cierre del proceso de votación, tan pronto sean recibidas las actas de escrutinio por parte de los claveros respectivos el mismo día de las elecciones, en el local que la respectiva Registraduría previamente señale. El día de las elecciones el escrutinio se desarrollará hasta las doce (12) la noche. Cuando no sea posible terminar el escrutinio antes del plazo previsto, se continuará a las once (11) de la mañana del lunes siguiente.

A partir del martes siguiente a la elección el horario de escrutinio será de nueve (9) de la mañana a nueve (9) de la noche”.

Se estipula que los escrutinios para Presidente y Vicepresidente de la República tendrán el mismo horario que para el resto de las elecciones.

Las recomendaciones de las conclusiones del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) expresan la necesidad de que exista “mayor control hacia los Testigos Electorales de los partidos porque les hace falta compromiso y organización.

Para las elecciones de Congreso se puso en evidencia  la modesta participación y compromiso de los partidos políticos con estos actores”.

La MOE sugiere que debe adelantarse una reforma legal en cuanto a la participación en política por parte de los funcionarios públicos con una sanción eficiente, efectiva, oportuna y ejemplarizante. Así promueve que, para generar mayor confianza en los resultados relacionados con el Pre-conteo, “Se les podría entregar una copia a los Testigos Electorales para que certifiquen con su firma y huella los resultados que han sido plasmados en el formulario”.

En búsqueda de esas garantías el Informe de Recomendaciones de la  MOE propone “la reglamentación de las competencias por ley de Tribunales Seccionales de Garantías Electorales cuya presencia deberá ser en todos los departamentos y su designación deberá tener la dirección de la rama judicial. Estos tribunales serán conformados exclusivamente para los procesos electorales”.

Una de las reformas legales y angulares que la  MOE  expone para su estudio tiene que ver con la responsabilidad política y las sanciones bajo parámetros mínimos.

“La impunidad por estar vinculados con grupos ilícitos, narcotráfico y delitos electorales, entre otros, debe generar no solo la responsabilidad penal individual sino de la organización que lo avaló”.

La Misión de Observación Electoral insiste en la inclusión de género porque teniendo en cuenta la eliminación del voto preferente se deben buscar mecanismos que garanticen la efectiva participación de la mujer en las corporaciones públicas.

Así mismo la MOE señala que: “El día de la elección es necesario que el Estado garantice el transporte público porque el hecho que las campañas políticas acaparen el sistema de transporte tiene efectos nefastos por la participación política y se presta a la comisión de delitos”, agrega el informe.

3. Reformas Tecnológicas
La Ley 892 de 2004 ordenaba implementar el voto electrónico en un plazo de 5 años, siempre y cuando el Gobierno Nacional dispusiera los recursos necesarios para ello, situación que no ocurrió.

Este mandato legal hace pensar en modificaciones aún más profundas en la preparación de las elecciones.

Las listas únicas y cerradas a las que se refiere la Registraduría Nacional del Estado Civil serían instrumentos técnico-prácticos para la preservación del voto y su autenticidad.

Para las elecciones corporativas y, de acuerdo con el medio electrónico elegido, sería más accesible la elaboración de  los listados de los partidos por cual votar y, de paso, la prontitud en la divulgación de resultados electorales sin caer en “resultados prontos pero actos de elección posteriores y distintos”.

El hecho de cambiar el sistema actual de conteo manual de votos –tangible- por uno automático implica no es solamente elegir una urna virtual, sino evitar la manipulación de los resultados y las posibilidades de suplantación de identidad.

Lo anterior exige tener la seguridad y certeza para que el sistema esté blindado contra todo intento de manipulación o errores de procedimiento, ataques de hackers o grupos ilegales y focos de corrupción que hagan que los votos se contabilicen más de una vez.

En las conclusiones de su informe, CAPEL asegura “si bien la tecnología ofrece importantes avances útiles para mejorar la seguridad, la integridad y la celeridad en el escrutinio y la transmisión de resultados hay que conservar siempre la necesaria vinculación de cualquier cambio que se introduzca en la etapa postelectoral y que contribuya a la credibilidad del ejercicio comicial”.

Vale la pena contextualizar en este punto que el proyecto de la Reforma Política y Electoral que actualmente cursa en el Congreso de la República sostiene sobre la biometría: “La Registraduría Nacional del Estado Civil estipulará en los contratos que se celebren para la implementación del voto electrónico, la propiedad de la Nación de los programas que se diseñen en desarrollo de su objeto y/o los derechos de uso de los programas fuente de los que se adquieran, así como la propiedad de todos los datos que se vinculen a la correspondiente base de datos”.

En el parágrafo transitorio añade; “La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará, a partir de las próximas elecciones, la identificación biométrica de los electores. Igualmente iniciará el desarrollo del sistema de voto electrónico de conformidad con un plan piloto en las circunscripciones y en el porcentaje que apruebe la Comisión de que trata el artículo siguiente.

La implementación del nuevo mecanismo se realizará gradualmente hasta alcanzar su pleno desarrollo dentro del término previsto por la mencionada Comisión”.

4. Reformas Logísticas
CAPEL considera necesario analizar la dificultad que tuvieron los electores a la hora de emitir su voto en las elecciones del 14 de marzo pasado.

“Hacía falta información acerca de la manera cómo se debía emitir el voto y se constituyó en un proceso engorroso tanto para el elector como para los jurados de mesa”.
Las reflexiones de CAPEL manifiestan y dan pie para que los cubículos donde los electores pasa a votar deban ser reformados porque se atenta contra el voto secreto.

“Una de las principales causas por las cuales no se pudo resguardar el secreto del voto fue logística porque las mamparas (cubículos) son fáciles de ensamblar y permite a cuatro votantes ejercer el sufragio a la vez…”

“La estrechez del puesto para ejercer el sufragio se combinaron para desproteger el secreto del voto, no había forma de votar sino que las personas que estaban alrededor se percataran de las marcas del elector en el tarjetón”, asegura el informe.

Estas recomendaciones de la organización que hace parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) propenden por las garantías electorales y lanzar para las próximas un diseño sustitutivo que por falta de recursos no pudo tenerse en cuenta en 2010, porque también se pudo ver poco espacio entre las mesas de votación afectando el secreto al voto.

De igual forma, CAPEL sostiene sobre las urnas que deben llevar una leyenda impresa para que cada papeleta de la correspondiente corporación se introduzca en cada urna.
A la Misión de Observación Técnica Internacional le llamó la atención que en un par de urnas se depositan muchas papeletas diferentes.
“Se deben tener tantas urnas electorales como procesos de elección se estén llevando a cabo y manifiestan que no se deben concentrar elecciones tan diversas en un solo día”.

La Tarjeta Electoral también ha sido objeto de propuestas para facilitar la votación al elector. CAPEL considera que el no incluir las fotografías ni los nombres de los candidatos generó confusión y muchos votos nulos, adicionalmente, deberían incluir un número consecutivo que permita mayor control.

No obstante, la dificultad radica en que para las elecciones del 14 de marzo se presentaron 862 candidatos para optar por el Senado, 1.634 para la Cámara de Representantes y 63 para el Parlamento Andino por lo que se exigiría tarjetas electorales tamaño sábana que harían más engorroso el sufragio.

Sin embargo, una observación de CAPEL fue que “se deben publicar los tarjetones fuera de los centros de votación con la finalidad de explicarle al elector cómo debe proceder y no en el mismo instante en que va a emitir su voto”, la cual fue acogida para las elecciones Presidenciales de mayo y junio.

Sobre la dificultad de la tarjeta electoral la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha manifestado que mientras haya voto preferente será muy difícil la creación y diseño de un documento de votación más fácil para el elector.

En discusiones ante el Congreso de la República se ha hablado de la inclusión de las fotografías y nombres de los candidatos. Se ha pensado que una opción sea utilizar el cuadernillo que se saca como un elemento de votación.

Otro ajuste logístico lo plantea el Registrador Delegado en lo Electoral, Dr. Alfonso Portela Herrán, quien propone revisar el tema de las mesas de cola: “Hay un gran número de mesas de votación ociosas. Para la elección presidencial nos encontramos mesas de cola a las cuales hay que ajustarles porque son mesas en las que no vota nadie, donde el censo desapareció por violencia o por división del territorio. Estas mesas ociosas no prestan servicio y si generan dificultades. Por eso, se necesita que se supriman con tiempo esas mesas que no funcionan adecuadamente y organizar puestos de votación que le queden más cerca al ciudadano”.

5. Reformas Financieras
El Registrador Nacional del Estado Civil considera necesario que la financiación electoral debe ser previa a la elección siempre que se trate también de una rendición de cuentas pública en cuanto al origen y destino de los dineros recibidos. De esta manera se erradica la indebida intromisión de dineros y apoyos de oscura procedencia como parte de ese sistema democratizador de los partidos.

Frente a la financiación de las campañas electorales la Misión de Observación Electoral propone, transitoriamente, “una reforma constitucional para adoptar un sistema de financiación público, con anticipo, manejo y control de la organización política a través de una cuenta única.
Durante las diferentes etapas del proceso electoral las organizaciones políticas tienen la obligación de reportar el monto, origen y destino de los recursos destinados a las campañas políticas. Estos reportes deberán ser publicados por medios masivos de circulación nacional y en sus respectivas páginas web”.

Los miembros del componente jurídico de la MOE que elaboraron el informe Financiamiento Electoral en Colombia, consideran “la financiación es un aspecto fundamental de todo proceso electoral, ya que el votante debe tener la posibilidad de conocer como se ha financiado el candidato y particularmente quienes, además del Estado, financian campañas políticas ya que éste debería ser un criterio empleado por el ciudadano al momento de decidir por quien votar.

También es claro que el Estado concurre en la financiación de la política; esto quiere decir, que se establece un sistema de financiamiento mixto, en el cual, el Estado y los particulares contribuyen en el financiamiento de la organización política y de las campañas electorales que esta efectúe”.

En dicho informe la MOE aclara que “el Estado colombiano permite que las personas contribuyan al financiamiento de los gastos de campañas de sus organizaciones políticas y/o candidatos.

No obstante, este reconocimiento no ha sido absoluto y desde la propia Constitución se prevé la competencia de las autoridades electorales para establecer límites máximos a las contribuciones que los particulares pueden hacer a las organizaciones políticas”.

Los autores recalcan que “no solo las donaciones y contribuciones monetarias deben ser tenidas en cuenta a la hora de calcular los gastos realizados en las campañas electorales sino que además ha previsto que deban contabilizarse todas las ayudas en especie destinadas a la actividad electoral. Se puede concluir entonces que todos los gastos en que se incurra en desarrollo de una campaña deben declararse ante el Consejo Nacional Electoral, sin importar si se dieron antes o después de la inscripción del candidato”.

Nuevas estrategias en el Seminario de Evaluación y Reingeniería del proceso electoral

Con la participación de 85 funcionarios de diferentes áreas de la Registraduría Nacional del Estado Civil y las diferentes regiones del país, se llevó a cabo entre el 20 y el 23 de septiembre, el Seminario Evaluación y Reingeniería del Proceso Electoral. “Es bueno botar corriente de manera positiva”, dijo el doctor Alfonso Portela Herrán, Registrador Delegado para lo Electoral al explicar la filosofía que orientó el esfuerzo organizativo de un riguroso ejercicio de evaluación de las elecciones pasadas y planeación del proceso de elección de autoridades locales en octubre 30 de 2011.

Este ejercicio, que incluyó conferencias magistrales y trabajo en 8 grupos, que trataron temas específicos para concretar las ideas, se tradujo en formularios con la descripción y debida argumentación de cada propuesta presentada y consensuada.

Aparte de los funcionarios de las registradurías y delegaciones, se hicieron presentes también dos magistrados del Consejo Nacional Electoral y representantes de los partidos políticos Liberal y Mira y de la Misión de Observación Electoral, MOE.  Un líder de cada grupo quedó encargado de continuar coordinando el trabajo de análisis de propuestas y alternativas específicas que contribuyan a que la Registraduría Nacional del Estado Civil tenga éxito en las elecciones octubre de 2011.

A continuación presentamos un resumen con algunas de las propuestas que tuvieron mayor acogida entre los asistentes y que serán sometidas a la consideración del grupo directivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y posteriormente socializadas con todos los funcionarios de la Entidad.

Inscripciones y formularios

Para prevenir los problemas de trashumancia electoral que generalmente se presentan en las elecciones de autoridades locales, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, doctor José Joaquín Vives Pérez, propuso que en el formulario de inscripción de cédulas se establecieran cuatro casillas para que el ciudadano defina sobre cuál concepto de residencia (vivienda, lugar de trabajo, etc), suministra la información necesaria para conformar el censo electoral. 

Respecto a la inscripción de candidatos, los grupos de trabajo en su mayoría coincidieron en la necesidad de poner fin al voto preferente y solicitar que los partidos realicen consultas previas para definir las listas de candidatos, mediante una reforma constitucional.

Adicionalmente, con este mecanismo también se facilitaría el otorgamiento de avales a los candidatos porque se evitaría el problema de que a última hora y en el momento de la modificación de la inscripción, lo hagan por un partido diferente. Esta propuesta implica también considerar posibles modificaciones en el diseño de la tarjeta electoral.

Durante el Seminario se presentaron varias alternativas, orientadas a simplificar y hacer más sencillo el proceso al sufragante. Estas iniciativas seguirán en estudio por parte de la Organización Electoral y se espera que los funcionarios continúen exponiendo pros y contras de cada uno de ellos. 

Jurados: garrote y zanahori

Respecto al tema de los jurados, los grupos de trabajo revisaron y discutieron aspectos relacionados con la conformación de bases de datos, selección, capacitación, inhabilidades, a través de una reforma legal.

Para designar los jurados, los funcionarios recomendaron tener en cuenta aspectos como las condiciones geográficas y demográficas, especialmente en las áreas rurales. Para cumplir con ese objetivo se propuso que se estableciera un régimen de sanciones cuando los responsables de suministrar las bases de datos de empleados de entidades públicas y privadas, las entreguen sin actualizar.

Teniendo en cuenta que en muchos casos los jurados de votación son apáticos para prestar el servicio, entre las propuestas presentadas se consideró desde la posibilidad de hacer obligatoria la capacitación presencial, aumentarles el número de días compensatorios, establecer un pago en dinero o crear estímulos similares a los que tienen los ciudadanos cuando sufragan.

Nueva plataforma de censo

Durante el Seminario Evaluación y Reingeniería del Proceso Electoral, la Dirección de Gestión Electoral también presentó el prototipo de lo que será la nueva plataforma de censo electoral, sistema que permitirá y facilitará a los registradores el manejo y actualización del censo electoral.

Para su experimentación, la plataforma se instalará inicialmente en la Registraduría Delegada para lo Electoral y posteriormente en las Delegaciones y en algunas registradurías, las cuales lo tendrán en período de prueba.

La plataforma permitirá hacer consultas por cédula o por nombres y apellidos. Ofrecerá información del ANI, novedades en forma descendente, describirá el motivo y la fecha de la novedad. Se podrán ver los ciudadanos inscritos en el censo desde el 2003. El censo electoral se podrá consultar por país, departamento, municipio, zona y puesto, es decir, por todos los ítems que tiene la División Política (Divipol).

El Registrador Nacional podrá ver cada una de las actividades que se realizan con el censo como el cargue de información, la exclusión de militares, etc. Adicionalmente, se podrán generar archivos planos para los aplicativos de consulta y para la página Web. Permitirá producir estadísticas por categorías como cantidad de hombres, mujeres, mesas, cárceles, corregimientos y potencial electoral.

De cara al ciudadano, el Registrador tendrá facilidad de suministrarles información sobre dónde se encuentra su cédula inscrita y si se encuentra o no en el censo y por qué ya que se puede establecer cuándo, cómo y quién realizó alguna modificación. El sistema ofrecerá también la imagen de la inscripción y no habrá necesidad de papel.

Sistema híbrido en transmisión

Después de un año de trabajo, la Gerencia de Informática presentó a consideración de los asistentes los resultados del estudio sobre la cantidad de datos transmitidos y procesados durante las elecciones de 2007 como punto de partida y argumento para sustentar un cambio en el sistema de transmisión, consolidación y divulgación de los escrutinios de mesa.
La propuesta contempla la utilización de un “Sistema Híbrido” según el cual, la votación de alcaldes (por definir), concejales y juntas administradoras locales se procesará en cada Registraduría Municipal y en los Centros de Procesamiento Principales o sea en los departamentos, se procesaría la información relacionada con los resultados de Gobernadores y Diputados.

Los Registradores Municipales consolidarán los resultados de las mesas, los puestos, generan el boletín y remiten la información al Centro de Procesamiento en el Departamento y recibe de éste los resultados relacionados con Gobernador y Diputados. Luego, la información se transmite.

El sistema híbrido que propone la Gerencia de Informática permitirá descentralizar el proceso de transmisión y consolidación de los datos lo que implicará además una mayor agilidad en la entrega de los resultados del preconteo a los actores del proceso  de cara al proceso electoral de 2011.

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Editorial

En 1999 la Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó en Cartagena la primera campaña especial de identificación dirigida a la población desplazada. En ese momento operaba en el país la Zona de Distensión, el Gobierno Nacional adelantaba diálogos de paz con la guerrilla de las Farc y aunque el número de desplazados por el conflicto armado iba en aumento, existía la esperanza de un final próximo para la crisis humanitaria generada por este fenómeno.

11 años después sabemos que el rumbo fue diferente: las negociaciones de paz fracasaron, el problema del desplazamiento forzado se agudizó con la actividad de los grupos paramilitares y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Acnur, señala que la cifra de refugiados internos en el país ya superó los 3 millones de colombianos.

Desde hace varios años es política institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil ofrecer atención prioritaria y diferencial a la población desplazada de todo el país, en concordancia con lo establecido en la Ley 387 de 1997 y en la histórica Sentencia T-025 de 2004, que declaró la situación de la población desplazada como un “estado de cosas inconstitucional”.

Para la planeación, coordinación y desarrollo de las diferentes actividades, proyectos y campañas dirigidas a la población desplazada o en riesgo de desplazamiento, la Registraduría Nacional ha entendido que este grupo social específico hace parte de un conjunto más amplio que hemos denominado “población vulnerable” y que está conformado también por minorías étnicas, colombianos que habitan zonas de muy difícil acceso, personas en extrema pobreza y víctimas de desastres naturales, entre otros.
Generalmente en nuestras campañas hemos comprobado que en una misma persona convergen varias de estas características.

El manejo integral y diferencial de la población vulnerable permite focalizar recursos y esfuerzos para ofrecer nuestros servicios a los colombianos que ya padecen la condición del desplazamiento o, que aunque aún no la sufren, por su situación socioeconómica registran alto riesgo de desplazamiento y es misión del Estado colombiano actuar de manera preventiva en beneficio de los más débiles.

Desde la primera campaña de identificación orientada a la población desplazada, realizada en 1999, hasta la fecha, la Entidad ha afinado su estrategia de prestación de servicios para la población desplazada, ha fortalecido su capacidad técnica al contar ahora con 10 unidades móviles que permiten llegar a cualquier lugar del país, y ha logrado la vinculación de socios estratégicos para avanzar en este esfuerzo.

Las alianzas estratégicas con organismos internacionales y entes gubernamentales le han permitido a la Registraduría Nacional conseguir apoyo técnico, administrativo y financiero para desarrollar proyectos focalizados de identificación para la población desplazada.

Entre los socios estratégicos con los que contamos están el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, Plan Internacional para la Niñez y organismos estatales como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional – Acción Social, la Red Juntos y el Ministerio de Educación Nacional, además de distintas Gobernaciones, Alcaldías y Personerías que se vinculan a las Delegaciones Departamentales y Registradurías Especiales y Municipales para desarrollar campañas de impacto local.
En medio de un conflicto armado el documento de identidad cobra aún mayor valor: opera como un salvoconducto para identificarse ante los diferentes grupos y por lo tanto estar indocumentado implica no un mero “inconveniente” sino en algunos casos un verdadero riesgo para la vida o la seguridad personal.

En este sentido, la Registraduría Nacional viene adelantando campañas en todo el país, con enfoque diferencial para la población desplazada, cuya premisa fundamental puede explicarse con el viejo adagio de “si Mahoma no va  a la montaña, la montaña va a Mahoma”. Teniendo en cuenta las dificultades económicas y de desplazamiento de muchos habitantes de zonas aisladas, con población desplazada o en riesgo de desplazamiento, la Registraduría cumple ya una década desarrollando jornadas de documentación; intervención que consiste en llegar a lugares de difícil acceso de nuestra geografía colombiana, incluso en lugares donde no hay presencia del Estado, permitiendo la atención de desplazados por la violencia y comunidades en riesgo, niños, niñas, adolescentes, colombianos y colombianas que se encuentran indocumentados.

Nuestra meta es lograr que todos los niños cuenten con su registro civil de nacimiento dentro del primer mes de vida, que al cumplir los 7 años reciban su tarjeta de identidad, al cumplir los 14 años renueven su tarjeta de identidad y a los 18 años reciban su cédula de ciudadanía.

Esta cronología de la identificación de los colombianos sin embargo se hace difícil para la población desplazada, que por su misma situación no puede regresar al lugar en donde reposa su registro civil de nacimiento para poder tramitar la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía, y además no cuenta con recursos económicos para las fotos ni para los exámenes de hemoclasificación.

De ahí la importancia de las campañas que viene realizando la Registraduría Nacional del Estado Civil con el apoyo de sus socios estratégicos, gracias a las cuales en los últimos 10 años casi un millón de colombianos en situación de vulnerabilidad han logrado tramitar su documentos de identidad. Un esfuerzo significativo que sin duda debemos fortalecer y continuar.

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Dejando grandes huellas

2010 Jornada Magdalena, Santa Marta (Tagua), 239 personas en situación de desplazamiento atendidas. Se tramitaron 105 registros civiles; 75 tarjetas de identidad y 59 cédulas.	2010 Jornada Cesar, Valledupar (Sabanas de Crespo) 2.207 personas atendidas.

2010 Jornada Guajíra, Maicao 2.747 personas atendidas.	2010 Jornada Cauca, Timbiquí (Cuerval), 89 personas en situación de desplazamiento atendidas. Se tramitaron 30 registros civiles; 23 tarjetas de identidad; 26 cédulas y post-grabaron 10 documentos.

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Nuestro Columnista

Reingeniería al proceso electoral 2011

por: Edilberto Peña González
Director Nacional de Gestión Electoral
Registraduría Nacional del Estado Civil
epenag@registraduria.gov.co

Una de éstas fue la realización del seminario denominado “Reingeniería del Proceso electoral”, los días 20 a 23 de septiembre. En éste participaron funcionarios de las diferentes delegaciones así como también de Registradurías de diferentes partes del país.

El seminario tuvo como propósito de construir modelos de trabajo eficientes que se ajusten a los diversos contextos electorales del país, pensando en una organización exitosa del proceso electoral del año 2011.

Tanto las memorias como los documentos elaborados antes y durante el seminario estarán disponibles para todos los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de un espacio de la Escuela Virtual. Sin embargo, y a manera de presentación, quisiera destacar algunos de los aspectos novedosos discutidos durante el evento.

Pareciera existir consenso en las limitaciones jurídicas que implica llevar a cabo un proceso electoral con un marco jurídico como el actual, que no proporciona todas las reglas de juego de manera clara y específica, sino que al contrario, requiere de un conjunto subsidiario de interpretaciones para ajustarlo a las nuevas realidades en materia electoral.

Sin embargo, y más allá de la sentida necesidad de un cuerpo jurídico en materia electoral, el seminario permitió consolidar un espacio de gestión que sin desbordar los límites jurídicos,  permitiera proponer un conjunto de mejoras y reformas significativas que redunden en el mejoramiento del próximo proceso electoral.

Existen debilidades y falencias estructurales del sistema electoral conocidas, debatidas, analizadas y hasta diagnosticadas desde distintos escenarios institucionales, académicos, políticos, legislativos, entre otros, pero ello no significa, como quedó demostrado, que no pueden introducirse mejoras de ámbito administrativo que mitiguen y disminuyan el impacto que ellas tienen, y que no dependan exclusivamente del ámbito institucional.

Brevemente paso a comentar algunas de ellas.
Sobre la pedagogía y capacitación electoral el seminario reveló una sentida necesidad institucional de contar con una política de capacitación electoral, como columna vertebral y eje articulador de un sin número de iniciativas y proyectos promovidos a nivel regional y local.

Por tanto, y si de promover iniciativas “en casa” está el diseño, promoción y aplicación de este tipo de necesidades, que permitan articular de manera coherente, rápida y oportuna tanto los programas de capacitación electoral como el trabajo entre las distintas áreas misionales y de apoyo a nivel central y desconcentrado.

Ello significa una articulación dinámica y generación de sinergias entre las áreas cuyas acciones agreguen valor, no sólo a los planes de gestión, sino también a todo el proceso electoral y misional en general.

La nueva plataforma tecnológica del Censo Electoral se espera que sea una avanzada hacia la participación real de los niveles departamentales, municipales y locales, de los registradores para el acceso rápido a la información.

La utilidad de estas herramientas en vísperas del proceso electoral 2011, pone a prueba la adecuada asimilación de este tipo de iniciativas en todos los niveles de toma de decisión.
Para los directivos el seminario permitió visualizar una ventana de oportunidades frente a la realidad del proceso electoral y los procesos de reforma política actuales incluidos en la agenda legislativa. Solicitudes reiteradas como la promoción de la eliminación del voto preferente demuestran la imposición de retos para conceptualizar, canalizar y poder trasmitir este tipo de iniciativas desde quienes, en un escenario práctico, conocemos las consecuencias que tiene este tipo de legislación para el proceso electoral de autoridades locales como se desarrollará en el próximo año.

Debo finalmente presentar algunas consideraciones en relación con la incorporación de las nuevas tecnologías a la identificación biométrica en los puestos de votación, en las próximas elecciones a realizarse el 30 de octubre de 2011, consiente de dejar sin intención muchas otras iniciativas expuestas durante el seminario de gran valor fuera de este breve análisis.

En el anteproyecto de presupuesto presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público elaborado y presentado hace ya varios meses, se incluyó la validación biométrica de los electores para las elecciones de Autoridades Locales 2011.

Antes de la expedición de la Ley General de Presupuesto para próxima anualidad, se justificaron varias veces la necesidad y la conveniencia de contar con este tipo de herramientas que permitieran solucionar buena parte de los problemas relacionados con suplantaciones en día de las elecciones, e inclusive desde el mismo proceso de inscripción de cédulas.

Esperamos que exista un respaldo del Congreso y del Gobierno de los beneficios que representa para el sistema democrático en general de este tipo de iniciativas que se concreten a través de las correspondientes asignaciones presupuestales.
A manera de conclusión debe resaltarse el alto nivel de compromiso demostrado por todos los participantes durante el desarrollo del seminario.

Cada uno de los participantes, partidos políticos, misión de observación y Consejo Nacional Electoral, resaltaron el valor de la generación de este tipo de espacios y solicitaron que este tipo de iniciativas se repitan varias veces en la preparación de todos los eventos electorales venideros, hecho que responsabiliza llevar a la alta dirección la promoción de este tipo de actividades para implementarlas en fases sucesivas durante los próximos meses.

A pesar de las limitaciones jurídicas, la responsabilidad de llevar a cabo un proceso electoral limpio y transparente exige a todos los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil a cumplir múltiples roles durante el proceso electoral.

Para ello, se requiere del fortalecimiento y afianzamiento de competencias no solamente laborales, sino también personales a partir de las cuales se fortalecerá e incrementará el capital social que somos todos los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y como bien se concluyó en el seminario, entre todas las instituciones que son actores y protagonistas del proceso electoral debemos preocuparnos por lograr que las elecciones del 2011 lleguen a buen término para beneficio de todos.

El éxito del proceso electoral no depende solamente del desempeño de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino también del concurso y participación de todos los actores, incluidos medios de comunicación, observadores electorales, etc, que participan en el proceso.

Por parte de la Registraduría, se identificó la necesidad y se reiteró el compromiso de fortalecer y afinar los procesos de capacitación electoral incluyendo capítulos especiales para los actores que hasta el momento no habían sido contemplados.

Finalmente se puede concluir que el seminario nos deja un diagnóstico electoral exigente y complejo planteado por los mismos funcionarios de la Entidad, con un escenario que requiere de mucho trabajo y del compromiso de todos.

Propuestas de los grupos de trabajo:

•Automatizar del proceso de inscripción de cédulas.

•Establecer un procedimiento para reducir el porcentaje de trashumancia electoral. .

*El objetivo de esa Unidad Móvil era el uso de tecnologías disponibles y bases de datos centrales y la verificación –en tiempo real-, para establecer la verdadera identidad de los desplazados.

•Diseñar un software de inscripción de candidatos.

•Buscar incentivos para los jurados de votación que los motiven al cumplimiento de su rol.

•Verificar la georeferenciación, en especial, de los jurados al reemplazarlos porque el aplicativo no se ajusta a las necesidades de los corregimientos.

•Revisar el cronograma con suficiente antelación.

•Incluir módulos de pedagogía para los instructores institucionales.

En cuanto a los escrutinios se propuso:

•Un software único nacional de escrutinios con la instalación de un canal de Internet que permita asesoramiento permanente..

•Elaboración de un modelo único de acta general de escrutinio, de la logística se recomendó la reorganización del formulario E-14 para las corporaciones que permita facilitar el escrutinio de mesa de los jurados. .

*Que los sobres electorales sean de colores igual al de los formularios E-14 y las tarjetas electorales.

•Del grupo de comunicaciones y preconteo se presentó el sistema de procesamiento híbrido con un centro de procesamiento principal en la capital para procesar la elección del nivel departamental, y un centro de procesamiento principal en cada municipio para que se consolide Alcalde, Concejo y Juntas Administradoras Locales.

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Así Pasó

Biometría para elecciones en Bolívar

Para evitar la suplantación de electores durante la elección atípica del Gobernador de Bolívar, programada por el Gobierno Nacional para el 24 de octubre pasado, la Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó varias medidas de transparencia como la identificación biométrica en los 46 municipios del departamento durante los comicios.

En Carmen de Bolívar, Arjona, Magangué, Cartagena, San Juan Nepomuceno y Turbaco, municipios zonificados del departamento, se dispusieron mecanismos de biometría compuestos por un lector de huellas para autenticar los datos biográficos de los electores antes de ingresar a sufragar. El sistema tarda un segundo en cotejar y comprobar la información de las personas. La Registraduría Nacional del Estado Civil invirtió $2.400 millones - de los $7.000 millones que fueron asignados por el Gobierno para esta elección- para la implementación de los sistemas biométricos.

Recursos para elección del Gobernador del Valle

El pasado 12 de octubre el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres envió una carta dirigida al Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Fernando Jiménez Rodríguez, solicitando recursos por $18.733 millones para adelantar la elección del Gobernador del Valle del Cauca, dispuesta por el Gobierno Nacional para el 23 de enero de 2011.

En su misiva, el Dr. Sánchez explicó la necesidad que la Entidad “cuente con todos los elementos necesarios e indispensables para llevar a cabo este proceso electoral, y tomar las medidas tanto de carácter técnico y administrativo, con la debida antelación y planeación”. Para dichos comicios se deben instalar un promedio de 6.500 mesas de votación y existe un potencial electoral de aproximadamente 3.200.000 de sufragantes. Esta elección se realizará para cubrir la vacancia de Juan Carlos Abadía Campo que fue destituido por la Procuraduría General de la Nación, desde el pasado 25 de mayo, por participación en política.

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