Elecciones Atípicas

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El costo de las elecciones atípicas

Por. Carlos Ariel Sánchez Torres
Registrador Nacional del Estado Civil

Revista Nuestra Huella, 1 de marzo de 2012 - edición No. 61

En mayo del año pasado, a escasos tres meses de cerrarse el período de inscripción de candidatos para las elecciones de autoridades locales, advertimos en Medellín en un foro organizado conjuntamente con la Revista Semana y la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, que el costo en que incurre el Estado Colombiano por la destitución de candidatos inhabilitados que participan en los comicios con el aval de los partidos es enorme.

Luego de las elecciones de octubre, la Registraduría ya ha celebrado 2 elecciones atípicas por el triunfo del voto en blanco y 2 por destrucción de material electoral luego de los comicios. Así mismo está convocada una elección por el asesinato del alcalde electo de Santacruz, Nariño, y una más porque la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad al alcalde electo de Cáceres, Antioquia. La misma situación se presenta en Cota, Cundinamarca, en donde la Procuraduría también sancionó con destitución e inhabilidad al alcalde y por lo tanto deberá convocarse a nuevas elecciones.

Si bien hay elecciones atípicas cuya causa es incuestionable, como el triunfo del voto en blanco o la muerte del mandatario, llama la atención que en los últimos 9 años se hayan celebrado 41 elecciones atípicas por declaración de la nulidad de la elección por parte del Tribunales Administrativos o del Consejo de Estado, y otras 33 obedezcan a destitución de mandatarios por parte de la Procuraduría General de la Nación o la Procuraduría provincial. Así mismo, otros 3 mandatarios fueron removidos de sus cargos por parte del respectivo Gobernador o el Ministerio del Interior por pesar sobre ellos sentencia penal.

Por supuesto algunas de estas inhabilidades han sido por hechos sobrevinientes pero otras corresponden a situaciones ocurridas antes de la elección y que al momento de los comicios estaban siendo investigadas por las autoridades. En todo caso, cada vez que se presenta una destitución de un mandatario es el Estado Colombiano, a través de la Registraduría, el que debe sufragar los costos de la elección atípica correspondiente.

El costo se puede calcular a partir del valor que implica instalar una mesa de votación, que se ubica alrededor de $1.500.000, incluyendo kit electoral, logística y telecomunicaciones para la transmisión de datos.

Si un candidato obtiene 100.000 votos y existe un promedio de alrededor de 200 votos por mesa, tenemos que para esos votos se requirieron 500 mesas. A un costo de $1.500.000 por mesa, ese candidato inhabilitado le costó al Estado $750 millones.

Pero el gasto no para ahí: como se genera una vacancia absoluta en una Alcaldía o Gobernación, faltando más de 18 meses para que culmine el período del mandatario, entonces se debe convocar a elecciones atípicas, cuyo costo también le corresponde sufragar al Estado Colombiano. Este costo incluye el nuevo proceso de inscripción de candidatos, la revisión de firmas en los casos de candidatos que se inscriben sin el aval de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica, la producción del kit electoral y la consolidación de resultados, entre otros.

Hasta la fecha prácticamente la totalidad de las 361 elecciones atípicas realizadas en los últimos 9 años en el país han sido costeadas con recursos propios, humanos y técnicos, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sólo para el caso de la elección atípica de Gobernador de Bolívar, en octubre de 2010, el Gobierno Nacional aprobó recursos adicionales para garantizar identificación biométrica de todos los sufragantes, y la elección de alcalde de Bello celebrada el pasado mes de diciembre se financió con remanentes de las elecciones de autoridades locales de octubre. Para las elecciones de este año en La Palma, Cundinamarca; Sitionuevo, Magdalena; Cáceres, Antioquia y Santacruz, Nariño, la Registraduría solicitó al Ministerio de Hacienda $ 846 millones, con el fin de poder incluir algunos componentes tecnológicos y financiar los gastos de comunicaciones, producción de material y demás necesidades, en un año en el que el presupuesto general de la Entidad corresponde al equivalente del presupuesto asignado para el año 2008 más la inflación.

La regla general ha sido que el esfuerzo económico y humano de la Registraduría ha implicado no sólo trasladar personal al municipio o departamento en cuestión, producir el kit electoral y desarrollar los procesos de comunicaciones y transmisión de datos, sino que además la Entidad ha asumido la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso electoral en este tipo de comicios. Cabe recordar que la identificación biométrica, sobre la cual hoy todos los sectores políticos reconocen sus bondades, fue incorporada paulatinamente en elecciones atípicas, a partir de la elección celebrada en Belén de los Andaquíes en febrero de 2009, mucho antes que la ley lo ordenara.

Este año ya hemos celebrado 4 elecciones atípicas, hay dos más convocadas para marzo y se esperan otras para los próximos meses. En la medida de sus capacidades económicas, en todos estos procesos electorales la Registraduría continuará incorporando desarrollos biométricos y así mismo eventualmente podrían servir como escenarios piloto para pruebas de voto electrónico. No obstante, es oportuno reflexionar sobre la responsabilidad económica de candidatos y de partidos y movimientos políticos en la realización de elecciones atípicas originadas en la destitución del cargo por faltas penales, disciplinarias o administrativas.